Pocas argucias hay tan perversas en política como la utilización del cálculo de las aportaciones al erario común por territorios para justificar la creación de nuevos privilegios a favor exclusivo de una región determinada. A estos efectos las balanzas fiscales, lejos de ser un instrumento apropiado para analizar la eficacia de la distribución del gasto público, son un invento político sin base científica que los partidos nacionalistas tratan de imponer para aumentar el expolio al que tienen sometido al resto de los españoles. No cabe extrañarse de que Puigdemont exija a Sánchez la publicación de esa supuesta balanza autonómica, con la que pretende obtener los más de 20.000 millones de euros en que el separatismo ha valorado el déficit de Cataluña con el resto de España.
Las balanzas fiscales autonómicas son pura metafísica por varias razones. En primer lugar, porque no existe un criterio único para su cálculo, como reconoce explícitamente el ministerio de Hacienda cuando advierte de que existen "dificultades metodológicas que no se pueden subsanar", lo que da lugar a una "disparidad de resultados por diversidad de criterios". El resultado de este tipo de estudios, carentes absolutamente de rigor metodológico, no puede, por tanto, servir de base para cambiar el modelo de financiación o justificar mayores inversiones del Estado en unos u otros territorios.
Por otra parte, con el actual sistema fiscal de carácter progresivo resulta evidente que las regiones con más renta per cápita (y, en consecuencia, más densamente pobladas) van a ser contribuyentes netas con gran diferencia. Y no porque haya una confabulación del resto de autonomías para fagocitar el esfuerzo de las regiones cedentes, como sostiene ridículamente el separatismo catalán, sino porque el nivel de renta de los contribuyentes de las regiones más prósperas hace inevitablemente que el conjunto de sus ciudadanos aporte más al erario común que los de otras zonas con un PIB menor.
Pero si el partido de Puigdemont está tan preocupado por el equilibrio fiscal entre territorios, podría instar a la Generalidad de Cataluña a publicar la balanza fiscal de su propia región. En tal caso veríamos hasta qué niveles de oprobio llega el expolio de las regiones rurales catalanas, de mayoría nacionalista, respecto a la provincia de Barcelona, la más rica y, no por casualidad, la menos contaminada por el separatismo.
Pero ese supuesto maltrato fiscal no interesa a los separatistas, porque su mezquindad victimista quedaría retratada. Los independentistas quieren que el resto de España siga financiando la corrupción sistémica de la casta nacionalista y sus delirios golpistas, por eso han exigido a Sánchez la elaboración de unas balanzas fiscales que, como todo lo que fabrica el sanchismo, será un enorme tocomocho para seguir comprando con el dinero de todos los contribuyentes los votos del separatismo.