No podemos estar más de acuerdo con los fundamentos jurídicos con los que los letrados de la comisión de Justicia del Congreso han cuestionado la constitucionalidad de la proposición de Ley de Amnistia que el gobierno de Sánchez pretende aprobar para borrar los delitos de del procés, tal y como le exigieron las formaciones separatistas a cambio de su apoyo a la investidura al presidente del gobierno. Y, desde luego, este demoledor informe no sólo deja en pésimo lugar al gobierno de Sánchez, sino también al servil letrado mayor del Congreso, Fernando Galindo, que no vio —o no quiso ver— los clamorosos rasgos de inconstitucionalidad en el proyecto de ley permitiendo su tramitación.
Ahora bien. No nos engañemos. Quienes dictaminan si una ley es o no acorde a nuestra Carta Magna no son otros que los magistrados de un Tribunal Constitucional convertido en correa de transmisión del poder Ejecutivo y presidido por un hombre de tan acreditada lealtad a Sánchez como Cándido Conde-Pumpido. Así las cosas, no es de extrañar el bochornoso desdén ni la despreocupación con el que ha valorado el informe de los letrados del Congreso el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con Las Cortes, Félix Bolaños, que se ha empecinado en defender sin sonrojo la "impecable" constitucionalidad de la amnistía. Eso, por no hablar de la absoluta tranquilidad con la que los socialistas siguen negociando, con completa opacidad, con el partido del prófugo de la justicia Carles Puigdemont.
Lo cierto es que el Estado de Derecho en España sigue estando en jaque y lo está desde el mismo momento en que no se estableció en nuestra Carta Magna una clara separación de poderes y la poca que había fue borrada, al grito guerrista de "Montesquieu ha muerto", con la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio que dictaminó, burlando el articulo 122.3 de la Constitución, que todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran nombrados por el Congreso y el Senado.
A este respecto, no sabemos si es reconfortante o deprimente ver ahora a Felipe González salir en defensa de la separación de poderes cuando fue su gobierno el que la liquidó y el que sembró la posibilidad de que se llegara a los bochornosos y clamorosos extremos a los que ha llegado este gobierno, que, a diferencia de todos los anteriores, depende de todas y cada una de las formaciones contrarias a la Constitución.
Así las cosas, lo único que puede evitar este jaque mate a nuestra democracia liberal y a nuestra nación entendida como Estado de derecho que implicaría esta amnistía en beneficio de los socios de gobierno sería que la Justicia Europea la considerara contraria al derecho comunitario, tal y como también la considera los letrados de la Comisión de Justicia en su encomiable informe.
Esa es, de hecho y lamentablemente, la única esperanza que podemos albergar de cara a impedir la amnistía de los golpistas que borra de un plumazo las leyes y las sentencias al eliminar —que no perdonar— la existencia del delito.
Tal vez sea ilusorio confiar en que la administración de justicia europea vaya a sacarnos las castañas del fuego a los españoles, pero desde luego nos resulta mucho más cándido confiar en que lo haga un Tribunal Constitucional convertido en apéndice del Poder Ejecutivo.