El Gobierno de Pedro Sánchez ataca de nuevo a los jueces sin disimulo. La arremetida de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, contra el magistrado de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón es otro ejemplo de la intolerable deriva del Ejecutivo, un paso más en contra de la independencia del Poder Judicial, una muestra de desprecio por la separación de poderes y la evidencia de que el PSOE comparte con Junts la fobia contra los jueces y fiscales que han actuado contra los golpistas.
En un gobierno verdaderamente democrático y cabal, Teresa Ribera habría sido fulminada cinco minutos después de haber atacado con rastreras insinuaciones sobre su supuesta parcialidad al magistrado que investiga por terrorismo a Carles Puigdemont y a Marta Rovira en el marco del sumario del Tsunami Democràtic, el artefacto separatista que asaltó el aeropuerto de Barcelona, entre otros disturbios, en respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el golpe de Estado independentista.
El señalamiento a García Castellón es de una gravedad extrema, una muestra del sometimiento del Ejecutivo a los designios de Junts, el partido del golpista Puigdemont y ante el que se arrastra el Gobierno para mantener a Sánchez en la Moncloa. El deterioro institucional que está provocando este Ejecutivo es ya incalculable. Se trata de una guerra abierta y sin cuartel contra el Poder Judicial, una agresión sin límites y sin precedentes cuyo único objetivo es subvertir el orden constitucional, la democracia, para satisfacer las ansias de impunidad y venganza de los separatistas contra quienes han instruido los sumarios y juzgado a los líderes de aquella asonada y a otros independentistas, ya fuera por delitos relacionados con el procés o con casos de corrupción como los protagonizados por el clan Pujol o Laura Borràs.
Que el Gobierno se preste a hacer de ariete de los separatistas muestra de manera descarnada que el PSOE tiene el mismo respeto por la democracia, por la igualdad y por los derechos de los españoles que los separatistas catalanes o los proetarras. Mientras el Gobierno se arrastra ante Junts, mientras accede a todas sus peticiones por delirantes que sean, mientras se somete sin reparos al chantaje de los separatistas: ataca a los jueces, pone en duda su imparcialidad y alimenta las acusaciones de lawfare. Es difícil caer más bajo, aunque eso es mucho decir tratándose de este Gobierno, capaz de sorprender cada día por su propensión a la ignominia y su tendencia a la infamia.
Es evidente que las comisiones parlamentarias y las listas negras de jueces que ya circulan entre socialistas y separatistas tienen por objeto fomentar un clima irrespirable, amedrentar a los magistrados y fiscales y desactivarlos a fin de que no pongan obstáculos a la amnistía y a todas las tropelías que vengan después. Resulta cada vez más urgente frenar la escalada contra los magistrados si se pretende atajar la deriva totalitaria de Sánchez y sus aliados, unidos todos ellos por el odio a España y el desprecio por la ley.