Teniendo siempre presente que Sánchez no gobierna para promulgar una inconstitucional ley de amnistía sino que quiere promulgar una inconstitucional ley de amnistía para poder gobernar, es evidente, en cualquier caso, que este infausto presidente de gobierno tiene a su favor una mayoría de magistrados de designación socialista en el Tribunal Constitucional que, lejos de velar por la compatibilidad de toda norma con nuestra Ley de leyes y dar garantías a los derechos, van a garantizar la validez de todos los compromisos legislativos —incluidos los que incluyan la amnistía de actos de terrorismo— que el presidente del gobierno haya adquirido —y quiera finalmente cumplir— con sus socios separatistas por mucho que previamente no se haya producido una reforma constitucional que pudiera darles debida cabida.
En este sentido, de poco sirven, por mucho que hayan sido necesarios y reconfortantes, los sólidos pronunciamientos de todas las asociaciones de Jueces y Fiscales de nuestro país que han denunciado la inconstitucionalidad de la amnistía o todos los informes que, en ese mismo sentido, han emitido el Consejo General del Poder Judicial o, más recientemente, los letrados de la comisión de justicia del Congreso. A la postre, quien dictamina en España qué es o qué no es constitucional es un mal llamado "tribunal" presidido y copado por una mayoría de magistrados designados por el Poder Ejecutivo.
Esta justificada confianza de Sánchez en que un Tribunal Constitucional, convertido en correa de transmisión del Ejecutivo y presidido por Conde-Pumpido, dictaminara en cada momento lo que a su gobierno le convenga, es lo que explica que Sánchez o sus ministros hayan podido pasar, con total tranquilidad y de la noche a la mañana, de decir que la amnistía no tiene cabida constitucional a afirmar que es impecablemente respetuosa con nuestra Carta Magna; o pasar incluso de afirmar que la amnistía no abarcará delitos de terrorismo a incluirlos en la ley para que el blindaje a los golpistas sea total. Esta servil dependencia del TC al Ejecutivo de Sánchez es lo que justifica también que hasta un personaje tan tibio y amigo de las medias tintas y de las componendas como el vicesecretario de Acción Institucional del PP, Esteban González Pons, se haya atrevido, por fin, a denunciar que nuestro politizado Tribunal Constitucional "es el cáncer de nuestro Estado de Derecho".
Ahora bien. Una cosa es que la designación política de los miembros del Tribunal Constitucional sea un cáncer de nuestro Estado de derecho —razón por la que en fechas tan tempranas consideramos que nuestras esperanzas y nuestros esfuerzos deberían dirigirse sobretodo a los tribunales de justicia europeos— y otra muy distinta que, por esa lamentable dependencia del Órgano de Garantías respecto del Ejecutivo, el PP renuncie a plantear ante el mismo recursos de inconstitucionalidad contra la amnistía, tal y como, en un primer momento, ha llegado a plantear González Pons.
Aun cuando presentar recursos ante un TC en el que no se tiene confianza de imparcialidad pueda parecer contradictorio, no lo es en absoluto. Y eso, por varias razones. En primer lugar, porque no es lo mismo que una inconstitucional ley de amnistía llegue a imperar porque le ha dado validez un politizado Órgano de Garantías al servicio del gobierno a que lo haga simplemente porque no se han presentado ningún recurso de inconstitucionalidad contra ella. En política, como en tantos otros ámbitos de la vida, se ha de seguir el principio del "que por mi no quede". Que un TC bajo control de Sánchez sea el que dictamine la constitucionalidad de la amnistía no fue nunca excusa para que Asociaciones de Jueces y Fiscales, el Consejo General del Poder Judicial o los letrados de la comisión de Justicia del Congreso eludieran su deber de pronunciarse contra la amnistía; tampoco debe ser excusa para que el PP no presente sus recursos ante el Constitucional una vez haya sido promulgada.
Además, un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, por favorable que sea a las exigencias de los golpistas que Sánchez se ha avenido a atender, iría acompañado, con toda seguridad, de votos discrepantes que pueden ser útiles y necesarios de cara a un recurso ante la Justicia Europea.
Por todo ello, González-Pons ha hecho muy bien, en declaraciones posteriores, en dejar claro que el PP sí presentara recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional a pesar de su fundada desconfianza respecto a la probidad e independencia de la mayoría de sus magistrados. Y es que, de la misma forma que no es incompatible presentar un recurso de inconstitucionalidad ante el TC con presentarlo también ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, no es incompatible criticar la falta de independencia de un Órgano de Garantías que sólo parece dispuesto a garantizar los compromisos de Sánchez para que los separatistas le mantengan en la poltrona. Y es que, a la postre, el error de Gonzalez Pons no ha sido afirmar que la politización del TC sea una cáncer para nuestro Estado de Derecho sino decir que este hecho podría justificar que el PP no presentara recurso.