Todos los lectores recordarán a Pedro Sánchez jactándose sin rubor de cómo la Fiscalía General del Estado dependía de su Gobierno. Desde entonces, el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, ha dado innumerables muestras de servilismo a los intereses del Ejecutivo, entre las que cabe recordar su silencio ante el señalamiento de jueces y fiscales, al hilo del lawfare contenido en los pactos políticos suscritos entre el PSOE y Junts, para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno; o cómo negó al Consejo Fiscal la posibilidad de deliberar y votar sobre la incompatibilidad en la en la que incurre Dolores Delgado para el cargo de Memoria Democrática por la profesión de su pareja, el exjuez Garzón reconvertido a abogado especialista en Derechos Humanos.
El problema es que el silencio condescendiente de Garcia Ortiz ya desborda el ámbito de la moralidad o de la probidad para entrar de lleno en el incumplimiento de lo que legalmente le es exigible. Según informa El Mundo, García Ortiz ha llegado al extremo de ocultar a los vocales del Consejo Fiscal un requerimiento de la Mesa del Senado para que el Ministerio Público informe sobre la proposición de ley de amnistía a los golpistas catalanes, requerimiento que García Ortiz tiene sobre su mesa desde el pasado 7 de diciembre sin desde entonces cursar ningún tipo de respuesta.
Este hecho ha provocado la más que justificada reacción de los vocales del Consejo Fiscal mostrando su "profunda estupefacción y rechazo a que una petición de esta naturaleza y relevancia, procedente de un órgano constitucional, no sólo no ha sido atendida, sino que se ha sustraído al conocimiento del Consejo Fiscal durante semanas".
No creemos que el Ministerio Publico, que tiene constitucionalmente encomendada la promoción de la acción de la justicia en defensa de la legalidad, vaya a cometer la tropelía de informar favorablemente respecto de una amnistía que precisamente borra la ilegalidad perpetrada por los amnistiados. Pero es evidente que García Ortiz está supeditando y posponiendo el pronunciamiento del Ministerio Fiscal al momento en que menos daño pueda ocasionarle al gobierno. Un Fiscal General del Estado celoso de su deber de promover la acción de la Justicia y la defensa de la legalidad debería ser el primer interesado en pronunciarse motu proprio contra una amnistía que significa justo lo contrario de la labor que la Fiscalía tiene constitucionalmente encomendada. Y García Ortiz se esta resistiendo a pronunciarse incluso a requerimiento del Senado.
Finalmente, y teniendo presente la estructura tan jerarquizada del Ministerio Publico, veremos cómo reacciona García Ortiz ante el hecho de que el fiscal Álvaro Redondo, uno de los que promovieron el amparo a los cuatro fiscales del 1-O tras las acusaciones de lawfare, haya sido designado para informar a la Sala Penal del Tribunal Supremo sobre la competencia y el contenido de la exposición razonada del caso de Tsunami Democràtic, cuyos actos terroristas quieren ser redefinidos por el gobierno.
¿También va a seguir guardando silencio García Ortiz ante el hecho de que el gobierno pretenda cambiar el significado de las palabras y de los tipos delictivos a conveniencia de los prófugos de la Justicia que le sostienen en el Gobierno?
Quien calla, otorga. Y eso es precisamente lo que esta haciendo Garcia Ortiz con su silencio, dejando claro, nuevamente, que depende de un presidente de gobierno que, a su vez, depende de un prófugo de la justicia, como Puigdemont.