Las protestas del campo en España reflejan la agónica situación de un sector primario triturado por una regulación europea cada vez más delirante, por la competencia salvaje de terceros países que no están sometidos a las estrictas normas comunitarias, por los delirios ecologistas, el abuso de la burocracia, la inestabilidad, la ausencia de relevo generacional y la falta de rentabilidad de cultivos y explotaciones ganaderas. Y todo ello agravado por la actitud que el Gobierno de Pedro Sánchez muestra ante un sector al que no duda en incluir en esa "fachosfera" contra la que ha erigido un muro de intolerancia y desprecio.
Los agricultores y ganaderos españoles están hasta el cuello, sometidos a una inestabilidad absoluta en materia legislativa, atenazados por una burocracia que les obliga a estar más horas frente al ordenador que al frente de sus explotaciones, obligados a constantes gastos para adaptarse a las cada vez más asfixiantes exigencias ecologistas, crujidos a impuestos y bajo la lupa de toda clase de inspecciones de calidad y laborales. Y mientras gobiernos como el de Pedro Sánchez aplican con apisonadora las aberrantes imposiciones sugeridas por las corrientes más alarmistas de la doctrina medioambiental, Europa abre sus puertas a productos de dudosa calidad, sin las más elementales garantías sobre seguridad alimentaria, obtenidos gracias a una mano de obra de la que se abusa sin reparos y con el uso de productos químicos absolutamente prohibidos en territorio europeo.
El exceso de burocracia, la falta de inversión en infraestructuras hídricas, las facilidades para la importación, el escaso margen de beneficio que les queda a los productores nacionales, las cada vez mayores dificultades para ganarse la vida dignamente y la indisimulada acción del Gobierno de Sánchez para desmantelar el sector agrario en favor de molinos y huertos solares son los rasgos esenciales de un proceso crítico. El campo se resiste a morir, clama por su subsistencia y avisa de que si no hay un cambio radical de guion, España se convertirá en poco tiempo en un país dependiente en el que se consumirá lo que se decida a muchos kilómetros de distancia y generalmente en contra de los intereses de los españoles.
Es de una urgencia absoluta abandonar el ecologismo fanático que promueve la Unión Europea y empezar a aplicar planes que garanticen el futuro del sector primario. Pero por desgracia, el Gobierno de España es uno de los decididos partidarios de la dictadura ecologista, sus fantasías climáticas y sus mentiras apocalípticas.