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José Antonio Monago

¿Más dinero para la UNRWA?

La decisión de España de mantener su apoyo a la agencia, a pesar del cuestionamiento internacional, puede tener repercusiones en su imagen exterior.

La decisión de España de mantener su apoyo a la agencia, a pesar del cuestionamiento internacional, puede tener repercusiones en su imagen exterior.
Imagen de archivo de manifestantes golpeando la puerta de la oficina de la UNRWA en Gaza. | Cordon Press

La postura de España respecto a la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos (UNRWA) está generando controversia y es cuestionada por nuestros socios europeos, ya que se distancia del consenso internacional establecido por la Unión Europea y otros actores importantes. La reciente decisión del Gobierno español de mantener su apoyo a la UNRWA, a pesar de las graves acusaciones de posible participación del personal de la agencia en los ataques de Hamás contra Israel, está siendo objeto de críticas.

Hace apenas dos semanas, la noticia del despido de varios empleados de la UNRWA por su presunta participación en los ataques del 7 de octubre de Hamás sobre la población de Israel desató una serie de reacciones en la comunidad internacional. Estados Unidos, uno de los principales actores en este escenario, anunció la suspensión de su contribución económica a la agencia, en un claro mensaje de condena a cualquier vínculo con actividades terroristas.

En contraste, la Comisión Europea, que desempeña un papel fundamental como uno de los mayores donantes de ayuda humanitaria a los palestinos en Gaza y Cisjordania, optó por una postura más cauta. Si bien reafirmó su compromiso con la asistencia humanitaria a través de organizaciones asociadas, decidió no proporcionar financiación adicional a la UNRWA hasta que se esclarezcan las acusaciones en su contra. Un principio de cautela cargado de toda sensatez.

La ya anunciada revisión de la ayuda de la UE a Palestina se ha llevado a cabo con meticulosidad, evaluando la viabilidad de los proyectos y los posibles riesgos de desvío de fondos. Se han identificado proyectos no factibles por una cuantía importante, que en el futuro serán reprogramados para respaldar las necesidades de los palestinos de acuerdo con las nuevas prioridades.

Es importante destacar que varios países, incluidos Alemania, Suecia, Italia, Reino Unido, Francia, y otros, han suspendido su ayuda económica a la UNRWA en vista de las serias acusaciones y preocupaciones planteadas. Sin embargo, el Gobierno español ha optado por mantener su apoyo a la agencia, incluso anunciando una ayuda adicional de 3,5 millones de euros.

Estas acciones han generado preocupación y críticas, especialmente al conocerse posibles vínculos entre la UNRWA y Hamás. El nombramiento de José Moisés Martín Carretero, quien anteriormente ocupó el cargo de tesorero de UNRWA España, como alto cargo del Gobierno español ha levantado interrogantes sobre posibles conflictos de interés y falta de transparencia en la relación entre la agencia y grupos terroristas. Esto de no esperar España los resultados de la investigación, por un principio de prudencia, debería ser cuando menos ser explicado.

En resumen, el tema de la UNRWA sigue siendo de gran relevancia geopolítica, con múltiples actores y posiciones en juego. La decisión de España de mantener su apoyo a la agencia, a pesar del cuestionamiento internacional, puede tener repercusiones significativas en su imagen exterior y sus relaciones con otros países. Sin embargo, esta postura se suma a otras acciones controvertidas, como el liderazgo español en la eliminación de sanciones contra el régimen de Venezuela en Europa, lo que ha generado perplejidad y desconcierto.

Mientras países de nuestro entorno respaldan sanciones al régimen venezolano, España se ha posicionado como el principal promotor de la eliminación de estas medidas restrictivas. Bajo la dirección del ministro Albares, por instrucciones del presidente Sánchez, España se ha convertido en el principal defensor del régimen bolivariano en el ámbito europeo.

Es importante recordar que las sanciones impuestas por la Unión Europea a Venezuela incluyen el embargo de armas y la prohibición de viajar, así como la congelación de activos para numerosos funcionarios. Ante esta realidad, surge la pregunta: ¿está España en posición de solicitar el levantamiento de sanciones de este calibre? Esta contradicción en la política exterior española plantea interrogantes sobre su coherencia y su papel en el escenario internacional.

José A. Monago Terraza, portavoz adjunto Grupo Popular en el Senado

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