En lo que a compartir el agua se refiere, la solidaridad socialista ha tenido dos momentos cumbre. El primero, el 3 de octubre de 2003, durante un acto electoral en la localidad de Deltebre, un campanudo Pasqual Maragall afirma que no enviará (al Levante español) ni una gota de agua del Ebro porque no la ahorran. Lo recordaba hace unos días Pablo Planas en estas páginas.
El segundo, cuando un Consejo de Ministro presidido por Zapatero se somete a las presiones del PSC y ERC y deroga parcialmente el Plan Hidrológico Nacional. El 18 de junio de 2004 se acuerda que el agua excedentaria de la cuenca del Ebro, en su desembocadura y justo antes de ser vertida al mar, no se transvase a la del Segura.
Zapatero pagaba la primera de las facturas que le pasaba al cobro Maragall. Don Pasqual le había aupado a la secretaria general del PSOE de la mano de Alfonso Guerra, un señor que, como es sabido, pasados los años tiene explicación para todas sus pifias.
Han transcurrido veinte años y es el Levante español el que tiene que socorrerlos. "No le vamos a negar el agua a quien en su día nos la negó", afirmó el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Podía haber añadido, aunque la derrochen.
Porque el agua se ha derrochado. Se han gestionado recursos ilegalmente y algunos, supuestamente, se han enriquecido defraudando a los ciudadanos. Es el caso de lo sucedido desde 1998 en el Ayuntamiento de Gerona. Unos de los que hoy están en "estado de emergencia por sequía hidrológica".
Retrocedamos al 11 de noviembre de 2020. Ese día, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo archiva la causa instada por la Fiscalía Anticorrupción contra el alcalde de Gerona, un tal Carles Puigdemont. Se le acusaba de transferir los fondos del canon municipal de agua para comprar obras de arte. El importe del canon que la empresa AGGISA estaba obligada a pagar a los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarria del Ter, por un importe de 3.750.000€ y cuya finalidad era la mejora de la red de suministro de agua, se había derivado por artificios administrativos para la adquisición del Fondo Santos Torroella. El origen de este delito data del 6 de febrero de 2014, cuando Puigdemont firma un contrato de compraventa del mencionado Fondo, en favor del Ayuntamiento de Girona, por un importe de 3.900.000€.
Es una operación ilegal sentencia el Tribunal Supremo: "Usar [los 3,7 millones] para comprar obras de arte era una transferencia no permitida por ley. Con todo, no constituye un delito penal" motivo por el que archiva la causa. La Ley es ansí.
Sigamos con la moviola, vamos al 3 de febrero de 2015, Xavier Termens, en nombre de EFIAL Consultoría, firmaba el informe provisional de la auditoría realizada a la empresa AGISSA. Una sociedad mixta creada en 1992 por el alcalde socialista Joaquín Nadal y participada por los ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarria del Ter con un 20% y el socio privado Girona, S.A. con el restante 80%. Se audita el ejercicio del año 2013 y Carles Puigdemont sigue siendo el alcalde de Gerona. AGISSA es la responsable de la gestión de la red de suministro de agua. La que paga el canon que se emplea en adquirir una colección de arte.
La auditoría de EFIAL recomendaba analizar el rendimiento de la red y ponía en duda los datos aportados por el socio privado. Afirma que en algunos sectores de la ciudad de Gerona el rendimiento es de tan solo un 40%. O lo que es lo mismo: se pierde el 60% del agua que entra en la red. Los barrios con más fugas son los de Vila Roja —marginado por Puigdemont— Torre Gironella y Montjuïc. El auditor afirma que hay que sustituir de forma prioritaria al menos un 40% de las conducciones de fibrocemento. El informe señala todo tipo de irregularidades administrativas. El Ayuntamiento de Puigdemont cambió de empresa auditora.
Ese mismo año, en noviembre de 2015, la CUP presenta una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción atribuyendo delitos de malversación de fondos públicos, facturación falsa y financiación improcedente en la gestión del agua. Como consecuencia de esta denuncia y por orden del Juzgado de Instrucción número 2 de Gerona, en junio de 2017 la Agencia Tributaria elabora un exhaustivo informe y la Guardia Civil efectúa un total de 15 registros.
Hacienda revela que el saqueo de AGGISA había comenzado en 1998. Describe 20 años de prácticas irregulares en la gestión a través de un conglomerado de sociedades. El documento de la Agencia Tributaria detalla cómo durante los años en lo que el alcalde era el socialista Joaquín Nadal, se falsean las cuentas con un ardid que se perpetuó durante el mandato de Puigdemont. Esto supuso pingües beneficios para los socios y la ruina de la empresa mixta en la que participaban los tres ayuntamientos. AGISSA acumuló deudas hasta llegar a los 7 millones de euros, cuando podría haber obtenido beneficios de 10 millones, si se hubiera actuado correctamente.
Algunas de las conclusiones a las que llegó Hacienda ya se mencionan en la auditoria del ejercicio 2013 que había entregado la consultora EFIAL al Ayuntamiento de Gerona.
Quién le iba a decir a la independentista Marta Madrenas, hija putativa de Puigdemont, la alcaldesa de Gerona que insultaba a la Guardia Civil: "es un show mediático en el marco de la operación urnas" cuando los agentes procedieron a registrar las dependencias municipales, quién le iba a decir a ella que cinco años después de sus exabruptos, su Ayuntamiento reclamaría, a esos mismos que investigaba la Benemérita, 13,2 millones de euros por daños y perjuicios, entre ellos falta de inversión y mantenimiento en la red. Solo han tardado 28 años en darse cuenta.
Madrenas, la alcaldesa que vetó a la Familia Real e impidió la entrega de los Premios Princesa de Gerona, estos días estará desaguando su popó (los independentistas hacen popó, los demás hacemos de vientre) con agua de la fachosfera. Por eso, algunos amigos que lo pasaron muy mal en 2017 y en 2019, proponen que les lleven el agua en las cisternas del barco de Piolín y yo les doy satisfacción escribiendo este artículo.