La Ley 4/2023, de 28 de febrero, para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como Ley Trans, es una aberración legal que solo puede tener lugar con gobiernos de fanáticos e indoctos como el pergeñado por Sánchez la pasada legislatura para mantener el poder.
Durante su tramitación parlamentaria fueron prácticamente unánimes las voces de los juristas, advirtiendo sobre una reforma legal que iba a abrir la puerta a todo tipo de fraudes al permitir modificaciones de sexo aduciendo únicamente los sentimientos del solicitante en cuestión. Lo mismo ocurrió con no pocas organizaciones feministas, que protestaron incansablemente contra una norma que atacaba directamente a las mujeres y a los auténticos transexuales, a los que se equiparaba con cualquier hombre que, de pronto, afirme autopercibirse como mujer. Poca sorpresa cabe expresar, por tanto, ante el goteo incesante de casos de hombres que, como estamos viendo estos días, aprovechan el coladero de la ley para acceder a unos beneficios que, desde luego, no les corresponden.
Es lo que está ocurriendo con las decenas de policías, guardias civiles y militares que han decidido convertirse en transexuales y madres no gestantes, algunos de los cuales están protagonizando impactantes entrevistas explicando con toda tranquilidad la manera en que están utilizando esta ley en su provecho al margen de toda evidencia biológica, social y familiar. No es de extrañar que sea en el ámbito de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y el Ejército donde se producen los casos más flagrantes, pues también ahí es donde los beneficios de un cambio repentino de sexo son más evidentes. Así, un militar que se autoperciba como mujer tiene inmediatamente derecho a habitación privada y baño propio en su cuartel de destino para no mezclarse con los hombres ni incomodar a las mujeres, puede llevar pendientes y dejarse el pelo largo, tendrá una mejor jubilación y puede ascender con más facilidad gracias a las llamadas "medidas de acción positiva", pensadas para incrementar la presencia femenina en los mandos de las Fuerzas Armadas.
Como aducen muy oportunamente las organizaciones feministas "a esta gente no se la puede acusar de fraude legalmente, porque la propia ley dice que basta sólo con tu palabra. ¿Cómo puede demostrar un juez que yo no me siento lo que sea? Ése es el problema, que la ley Trans es la única ley en la que el sentimiento prima sobre la realidad objetiva". La propia ley, además, actúa como blindaje contra las críticas, ya que cualquier persona que muestre su rechazo a la forma en que se están produciendo estos beneficios legales podría estar cometiendo un delito de transfobia, castigado en la propia norma con multas que pueden llegar a los 150.000 euros.
Los mismos periodistas que apoyaron la Ley Trans como un avance progresista de los derechos del colectivo LGTBI se escandalizan ahora con sus resultados, como si fuera algo que no se podía haber previsto. Es todo lo contrario. Los órganos consultivos de la Justicia española y los juristas más reputados, así como las organizaciones feministas ajenas al cotarro izquierdista, ya advirtieron de que todo esto iba a pasar. Más les valdría guardarse sus lágrimas hipócritas y pedir perdón a las mujeres y los verdaderos transexuales, vejados en su condición por una ley que ellos ayudaron a traer para desgracia de todos.