PSOE, ERC y Junts han pactado una proposición de ley de amnistía que es un rejón de muerte contra el Estado de derecho, un golpe letal a la división de poderes, la destrucción del Poder Judicial y un paso más en ese golpe en el que el presidente se coloca por encima de ley y se pasa del imperio de la ley al imperio de Sánchez, una obscenidad sin precedentes, como el discurso en el que el ministro de Justicia, Félix Bolaños, ha llegado al paródico extremo de felicitarse y darse las gracias por semejante aberración jurídica y anormalidad política.
Los cambios en el preámbulo y en el articulado de la norma en relación a los delitos de terrorismo, malversación y traición suponen el reconocimiento por parte de Junts y ERC de que sus líderes han incurrido en todos y cada uno de esos delitos. La ley era y es inconstitucional, alimenta la división, atenta contra los millones de ciudadanos que han visto vulnerados sus derechos a causa del proceso separatista y sale adelante sin que sus beneficiarios hayan renunciado a alcanzar sus objetivos por los mismos medios ilegales que emplearon durante los ominosos años del procés.
Sostener que las directivas europeas no consideran terrorismo los ataques contra la integridad física que sufrieron los agentes de la Policía Nacional que trataron de impedir los asaltos al aeropuerto de Barcelona o la Jefatura Superior de la Vía Layetana es un bulo monumental, igual que aludir a un supuesto informe de la Comisión de Venecia cuando se trata de un borrador sujeto a modificaciones.
Para este Gobierno, todo vale. Perdido cualquier atisbo de dignidad y vergüenza, la consecuencia es que Bolaños afirme sin sonrojo alguno que la ley está llamada a ser un "referente mundial" y una norma "europea" y "constitucional" cuando en realidad se trata de una norma que eleva la corrupción socialista hasta límites inéditos, el precio a pagar a los delincuentes separatistas para que sustenten a Sánchez en la Moncloa, la mordida que se llevan Puigdemont y compañía por mantener en el poder al PSOE.
Sánchez sólo busca perpetuarse y los separatistas ya le han avisado de que la amnistía no es el final del proceso, sino un paso más hacia la autodeterminación. La próxima estación es el referéndum, otro peaje que el presidente del Gobierno no dudará en abonar a costa de la igualdad y la libertad de los españoles.