La misma agencia tributaria que no vio por ningún lado el amasijo de cientos de millones robados durante décadas por la banda de los Pujol, que ni llegó a oler la corrupción emética del socialismo andaluz, cuyo hedor llegaba a Asturias, que no sospechó siquiera que Koldo y sus amigos se estuvieran enriqueciendo a galope tendido traficando con influencias, o sea, esa misma agencia pública estatal, ha descubierto que el novio de Isabel Díaz Ayuso, antes de conocerla, tramitó mal la liquidación de un impuesto.
La misma fiscalía que no sospechó siquiera que en el seno de los gobiernos socialistas y nacionalistas se estuviera produciendo algo de corrupción y tal, o sea, la misma, pero la misma fiscalía, ha denunciado con premura en los tribunales a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la que, desde luego, de nada le va a valer el hecho de que las liquidaciones de impuestos cuestionadas por los técnicos de hacienda correspondan a ejercicios anteriores a que ambos entablaran una relación sentimental.
Olé por los expertos de la agencia tributaria y olé por la fiscalía y su rapidez a la hora de formular acusaciones contra los presuntos defraudadores. Y, además, con publicidad, una táctica bolivariana que en España fue implantada por Cristobal Montoro, el ministro que ordenó hacer pública la lista de litigantes contra Hacienda para dejarlos señalados con el sambenito indeleble del fraude fiscal.
La izquierda está disfrutando con este asunto más que una manada de jabalíes en un charco de gasoil. Es su momento de gloria después de años de persecuciones contra Isabel Díaz Ayuso y de recibir como único pago continuos trompazos en las urnas, algo que a la mayoría de madrileños les llena de felicidad. Tras más de una década en la esfera pública y con todos examinando meticulosamente su vida y la de sus familiares cercanos, los dos únicos hallazgos contra la presidenta madrileña son la actividad profesional de su hermano (cómo estaría de claro el asunto que hasta la fiscalía sanchista pegó carpetazo) y, ahora, la liquidación del impuesto de sociedades de su pareja, cuando aún no era tal.
El zurderió exige la dimisión de Díaz Ayuso como si estuviéramos ante un caso de corrupción en la Comunidad de Madrid, que es la imagen que quieren proyectar en los ciudadanos como si todos fuéramos votantes del psicópata o la Yoli. Sin embargo, el afectado alegará en el juzgado sus argumentos, tratará de demostrar que hizo las cosas bien y el juez decidirá en consecuencia si debe pagar o no la cantidad que le reclama el fisco. O sea, lo de todos los días en los tribunales de lo contencioso-administrativo, que para eso están. Pero aquí no se trata de mantener la presunción de inocencia de una persona ajena a la política sino de destruir a Díaz Ayuso, aunque para ello haya que triturar a su círculo más cercano.
Lo más inteligente en este caso sería hacer caso omiso de la algazara que la izquierda va a organizar en torno a este asunto. Ya se cansarán. Y si no se cansan, mejor. La ley de hierro de las elecciones madrileñas es que cuanto más hiperventila el zurderío, más grande es el hostión electoral. No digamos ya si, finalmente, el juez rechaza los argumentos de la agencia tributaria y da la razón al contribuyente, algo que suele ocurrir con bastante asiduidad.