
La prensa del pasado martes día 12 sorprendía nuestra buena fe, una vez más (si ello resulta posible) con titulares del siguiente jaez: "El Congreso aprueba las comisiones del ‘lawfare’ que el PSOE pactó sobre Cataluña" (El País, Javier Casqueiro, 12.03.2024); "Esquerra tensa la cuerda y quiere citar a jueces en las comisiones del ‘lawfare’ mientras el PSOE lo niega a la Comisión de Venecia" (La Razón, 12.03.2024, Javier Gallego).
Pues bien, una vez repuestos del susto y la vergüenza y como vemos que la contumacia en el error es notoria, porque "llueve sobre mojado" (el lector interesado en profundizar en la materia puede consultar la entrada de nuestro blog del 21 de diciembre de 2023 titulada "El precio de la obscenidad demagógica. El coste financiero de las comisiones parlamentarias del lawfare para el Reino de España. De los ataques anecdóticos a los intentos sistemáticos de erosionar la independencia del Poder judicial"); pasamos a expresar nuestra opinión libre sobre este esperpento que resumimos del siguiente modo.
En primer lugar, decimos que nos parece una iniciativa parlamentaria políticamente nauseabunda porque abunda en las amenazas reiteradas que la homínido racista de barbilla prominente lleva profiriendo contra nuestras juezas y nuestros jueces desde hace ya demasiado tiempo. En efecto, se trata del enésimo ataque a la independencia de nuestro Poder judicial que realizan los partidos racistas y chantajistas sobrerrepresentados que empezaron con señalamientos nominativos contra determinados jueces que llevan ciertos sumarios sensibles, como el de Tsunami Democràtic y han seguido con advertencias coactivas sobre la "obediencia debida" (¿?) con ocasión de la futura entrada en vigor de la malhadada Ley de Amnistía.
En segundo lugar, decimos que nos parece una iniciativa parlamentaria jurídicamente estúpida porque la lectura del artículo 399 de la LOPJ —que dice: "las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia"— nos exime de aportar más argumentos.
Por lo anterior, la lógica jurídica implícita en todo Estado de Derecho justifica que estos intentos de comparecencia de jueces en el Parlamento, con el objetivo de que expliquen ante los diputados sus decisiones jurisdiccionales, cuente con el rechazo frontal de la totalidad de la Carrera Judicial. Máxime cuando también se anuncia por los medios de comunicación que el acuerdo para crear dichas comisiones de investigación busca que sus conclusiones se tengan en cuenta en la aplicación de la futura ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto ‘lawfare’ o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad (¡! ¿?).
Queremos acabar nuestra opinión elogiando, una vez más, la mesura que esta mostrando nuestro Poder judicial frente a los intentos reiterados de erosionar su prestigio y su independencia. Su prudencia, su paciencia y su equilibrio nos trae a la mente, de nuevo, el clásico discurso de Cicerón contra los excesos de Catilina que comenzaba diciendo: "Quousque tandem abutere, Catilina, patientia nostra? Quam diu etiam furor iste tuus nos eludet? Quem ad finem sese effrenata iactabit audacia?". ("¿Hasta cuándo abusarás, Catilina de nuestra paciencia? ¿Hasta cuándo esta locura tuya seguirá riéndose de nosotros? ¿Cuándo acabará esta desenfrenada osadía tuya?"). (Primera Catilinaria; Oratio in Catilinam Prima in Senatu Habita, Marco Tulio Cicerón).
