No es en absoluto previsible que vaya a prosperar la impugnación de la candidatura de Carles Puigdemont que ha anunciado el partido Ciudadanos. El prófugo, imputado por terrorismo entre otros delitos, ya se presentó en las elecciones autonómicas de febrero de 2021 e incluso en las convocadas por la vía del artículo 155 de la Constitución, pocas semanas después del golpe de Estado. En España, el cumplimiento de las leyes es relativo, sujeto a interpretaciones que tienden a proteger a quienes las vulneran. Y este es el caso de Puigdemont, el delincuente de quien depende de forma tan descarnada como obscena el Gobierno de Pedro Sánchez.
Se da la circunstancia añadida de que Cataluña es la única comunidad autónoma que carece de ley electoral propia. A pesar de los afanes del nacionalismo por diferenciar Cataluña del resto de España y de sus constantes reclamaciones competenciales, jamás han tenido el más mínimo interés por dotarse de una norma electoral propia. La ley que tachan despreciativamente de "española" les parece muy bien porque garantiza la sobrerrepresentación nacionalista en las provincias de Lérida y Gerona.
Que sea una obviedad que Puigdemont no reside en Cataluña, condición estatutaria de elegibilidad, tampoco va a suponer un obstáculo para el "show" electoral del prófugo, que maquina una irrupción triunfal en Cataluña con la ley de amnistía redactada por su abogado bajo el brazo. Precisamente ese abogado, Gonzalo Boye, va por ahí presumiendo de su impronta en la ley y de que Puigdemont está dispuesto a que le detengan. Boye es el estratega jurídico del prófugo y también su portavoz político. La mayoría de los medios oculta por sistema sustantivos detalles sobre este representante legal de Puigdemont. El abogado consta como investigado por blanqueo de capitales del narco Miñanco y fue condenado a 14 años de cárcel (de los que cumplió seis), por el secuestro de Emiliano Revilla.
De modo que la candidatura de Puigdemont no es una opción legal que pueda ser tenida por democrática, sino una burla contra la democracia, la libertad y la igualdad. Cuenta, eso sí, con el respaldo del Gobierno de Pedro Sánchez y de los partidos de la amnistía, cuya colaboración con un fuera de la ley como Puigdemont impugna la condición democrática de todos ellos y especialmente del PSOE.
La gravedad de que Puigdemont se pueda presentar a las elecciones, ya sean catalanas o europeas, no dista mucho de hechos del golpe de Estado separatista como las leyes de desconexión del parlamento catalán en septiembre del 17 o el referéndum ilegal del 1 de octubre de aquel año. Es una burla y una ofensa contra la democracia y contra la más elementales nociones de justicia y legalidad. Y que Puigdemont se regodee en la posibilidad de ser detenido cuando la amnistía es un hecho a efectos políticos define su moral y la ausencia de moral de Pedro Sánchez. La candidatura de Puigdemont no es más que otro episodio del golpe de Estado en curso. No el más grave ni el más expresivo, dada la corrupción sobre la que chapotea el presidente. Tan solo la consecuencia de que tipos como Boye le digan a Sánchez lo que hay que hacer y de que Sánchez esté dispuesto a cualquier cosa en una democracia destrozada.