La actuación de los poderes del Estado en relación con la investigación fiscal llevada a cabo contra la pareja de la presidenta de Madrid es uno de los abusos más escandalosos del Gobierno, lo que no es poco tratándose el Ejecutivo social-comunista que preside Pedro Sánchez. Ministros y dirigentes del PSOE se han lanzado en tromba contra Isabel Díaz Ayuso manejando datos privados que de ninguna manera podían hacer públicos, pero lo que rebasa todos los límites admisibles en democracia es que la Fiscalía General del Estado se sume a esta cacería, impulsando comunicados que vulneran la Constitución Española y hunden en el lodazal de la manipulación política a una institución que debería ser la principal garante de los derechos de los ciudadanos.
Así lo han entendido también los abogados de Madrid, cuyo colegio profesional ha anunciado dos denuncias contra la vulneración del secreto de las comunicaciones de uno de sus colegiados, encargado de la representación legal de la pareja de la presidenta de Madrid. Las actuaciones legales del colegio de abogados madrileño contra la fiscalía carecen de precedentes, pero es que nunca hasta el momento los fiscales se habían atrevido a actuar como perros de presa del Gobierno de la manera tan desvergonzada como han hecho la fiscal provincial de Madrid y el propio Álvaro García Ortiz.
El presidente de los abogados madrileños se ha mostrado especialmente duro con esta vulneración de la privacidad de un justiciable señalando acertadamente que "el derecho de defensa, al que se deben los abogados, es sagrado e inviolable: es una garantía para la sociedad, pieza básica del Estado de derecho y un principio fundamental sobre el que se asienta nuestro sistema de justicia". Y es que la nota hecha pública por la Fiscalía Provincial de Madrid, a instancias del propio García Ortiz, vulnera la propia normativa interna del ministerio público, "que establece, como pauta general de actuación, el respeto a los deberes de reserva y sigilo inherentes al cargo y a los derechos de los afectados, tal y como resulta del artículo 4, apartado Quinto del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal así como el protocolo que regula los acuerdos de conformidad".
La Fiscal Provincial de Madrid, nombrada en su día directora general en el gobierno socialista de Zapatero, tendrá que responder de su decisión de hacer públicos los pormenores de sus negociaciones con un abogado, un hecho sin precedentes en nuestra historia judicial. Pero este asunto interpela también muy directamente al Fiscal General del Estado, involucrado de hoz y coz en este sucio asunto y al que Sánchez empotró en el cargo con la oposición del CGPJ y la carrera fiscal, sin duda para que actuara como lo ha hecho en esta cacería desatada contra Isabel Díaz Ayuso.