Es cierto que el PP no debería haber utilizado nunca el manido y peregrino argumento de que los miembros de la mesa del Senado incurrirían en un delito de prevaricación si se hubieran opuesto a la admisión a tramite de la mal llamada ley de amnistía. En este sentido, nada en la Constitución —véase su artículo 90— y menos aun en el Reglamento del Senado —véase su articulo 36.1C— obliga de forma automática a la Mesa de la Cámara Alta a admitir a tramite los proyectos de ley ordinaria u orgánica que hayan sido aprobados por el Congreso de los Diputados. Ahora bien. Una cosa es que, por el contrario, podrían estar más cerca del delito de prevaricación quienes admiten a tramite un proyecto legislativo a sabiendas de su inconstitucionalidad que los que lo rechazan de plano, y otra cosa muy distinta considerar que negándose a cursar la ley de amnistía en el Senado se retrasaría su entrada en vigor más tiempo que si se admitiese a trámite. Y es que, paradójicamente, la admisión a trámite en la Cámara Alta bien podría dilatarlo en mayor medida, puesto que podría bloquearlo y no tramitarlo con carácter de urgencia, votar finalmente en contra y devolverlo en dos meses al Congreso. Por el contrario, un conflicto entre un Congreso que aprobase un proyecto legislativo y un Senado que rechaza su admisión a trámite podría resolverse de forma acelerada en favor de la Cámara Baja por parte de un solícito y servil Tribunal Constitucional con dominio socialista.
Lo que es innegable es que estas legitimas discrepancias entre PP y Vox, que sólo atañen a la táctica de cara a conseguir un fin compartido por ambas formaciones constitucionalistas como es la de entorpecer lo máximo posible la entrada en vigor de esta voladura del ordenamiento constitucional que constituye la amnistía para los socios golpistas de Pedro Sánchez, sirva para dividir a la resistencia a este gobierno felón o para ocultar la desfachatez de un PSOE que no sólo hurta a la Mesa del Senado función de decidir sobre la admisibilidad y tramitación de la amnistía sino también su potestad a la hora de calificarla.
Y es que, por mucho que la última palabra sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas la tenga el Tribunal Constitucional —de ahí la gravedad que tiene su falta de independencia—, eso no es impedimento para que los letrados de la Cámara Alta —como en su día hicieron los del Congreso— adviertan de su inconstitucionalidad. Vamos, que el PSOE, no contento con que se admita a trámite un bodrio jurídico tan clamorosamente inconstitucionalidad, aun pretenden que los letrados de la Cámara Alta guarden silencio sobre este proyecto legislativo que viene a hacer trizas el ordenamiento constitucional del 78.
A este respecto, lo único que se le puede advertir al PP es que nunca debió tratar de evitar lo que no sólo era inevitable sino algo desgraciadamente tan necesario y conveniente como es un conflicto institucional entre un Congreso donde socialistas y separatistas tienen ajustada mayoría y un Senado donde el PP goza de una holgada mayoría absoluta. Y la culpa de que este conflicto institucional, ciertamente sin precedentes, se produzca, es de quienes quieren perpetrar una reforma encubierta de la Constitución, no de quienes se resisten a ella desde el Senado.
Así las cosas, y tras el pertinente escrito planteado por el PP, este conflicto entre dos órganos constitucionales como son tanto el Congreso como el Senado terminará dirimiéndose en el Tribunal Constitucional presidido por Conde-Pumpido; es decir, lo mismo que hubiera pasado si los letrados y los políticos del PP no hubieran considerado una obligación constitucional admitir a trámite un proyecto de ley que a lo que viene es precisamente a dinamitar nuestra Ley de leyes.
Confiemos, finalmente, en que el PP y Vox, lejos de entrar en disputas cainitas y bizantinas, hagan causa común contra esta amnistía y luchen juntos en Europa contra este dislate que también hace trizar el ordenamiento jurídico europeo. Y es que, por pocas esperanzas que algunos puedan tener en las instituciones europeas, siempre estarán más justificadas que las depositadas en un Tribunal Constitucional presidido y dominado por Conde-Pumpido.