Las demandas de los separatistas al Gobierno para mantener a flote la legislatura distan mucho de estar satisfechas con la Ley de Amnistía. Puigdemont lo dejó bien claro cuando la norma aún se estaba tramitando y no había garantías de que se fuera a aprobar en los términos exigidos por los golpistas. El prófugo dijo en su momento, y no para de repetir, que la amnistía es tan solo el primer paso en un nuevo proceso que ha de culminar con un referéndum de autodeterminación, el objetivo último de las fuerzas separatistas. Pero no solo eso. Mientras llega la consulta sobre la independencia del territorio catalán, quieren esquilmar definitivamente al resto de España para usar ese nuevo latrocinio de la manera que crean conveniente los inquilinos de la Generalidad.
Esta semana ha sido el presidente de la comunidad autónoma catalana, Pere Aragonés, el que ha tomado las riendas del discurso chantajista al plantear al Gobierno la exigencia irrenunciable a un sistema de financiación idéntico al que existe en el País Vasco y Navarra. En una reciente intervención pública, tras anunciar el adelanto de las elecciones, el actual presidente catalán exigió que "Cataluña pueda gestionar, recaudar y liquidar todos los impuestos, tener capacidad normativa, poder decidir sobre todos los tributos y adaptarlos a las necesidades y preferencias de la ciudadanía catalana y a la realidad de nuestro modelo productivo". A cambio, Aragonés nos haría el favor al resto de ciudadanos españoles de "acordar con el Estado una aportación para los servicios que presta en Cataluña y una cuota de solidaridad".
Los líderes independentistas saben bien que Sánchez está dispuesto a todo con tal de mantenerse en La Moncloa y por eso no dejan de elevar el listón de sus reclamaciones. En todo caso, un presidente que ha sido capaz de impulsar una ley como la de amnistía no va a tener reparos en manipular el sistema de financiación autonómico para satisfacer las nuevas peticiones de sus patronos políticos.
El planteamiento de un nuevo pacto foral para Cataluña supone el desmantelamiento del actual sistema de financiación autonómico y la destrucción del principio de solidaridad interterritorial, pero eso, a Sánchez, le da igual. Su ministra de Hacienda, la inefable María Jesús Montero, al conocer las nuevas demandas de los gerifaltes separatistas no respondió con la contundencia que se espera de la responsable del fisco español, rechazando de plano sus pretensiones. En su lugar, lacaya agradecida de su jefe, despachó el asunto con la ambigüedad que caracteriza al sanchismo antes de perpetrar sus fechorías, asegurando que "no habrá problema para incorporar las singularidades que considere la Generalidad", añadiendo a continuación "como Aragón o Andalucía". Pero hasta María Jesús Montero sabe que hay una diferencia sustancial entre esas dos comunidades y Cataluña, puesto que las primeras no han exigido un trato de privilegio para sus ciudadanos y sus socios separatistas, sí.
Estamos por tanto ante un nuevo chantaje, esta vez económico, de los partidos separatistas que sostienen a Sánchez, convertido en un monigote dispuesto a todo para seguir empotrado en La Moncloa. Aragonès y Puigdemont lo saben bien y por eso han desatado esta nueva estrategia de ataques al resto de España que les sirve, además, para luchar por el voto independentista en unas elecciones locales que se aventuran muy reñidas.