Con la supuesta excusa de defender a los menos favorecidos y favorecer la igualdad económica, la realidad es que el Estado es una inmensa maquinaria que sobre todo se sirve a sí misma y que no tiene el más mínimo miramiento a la hora de abusar de quién sea con tal de conseguir su fin principal: mantenerse y, a ser posible, expandirse.
Si a eso le unimos un sistema impositivo que va mucho más allá de lo que debería admitirse en un Estado de derecho, la posición del ciudadano es mucho más que precaria: se convierte en una víctima propiciatoria del capricho de cualquier funcionario o de la nueva ocurrencia del político de turno.
Y, finalmente, si a todo lo anterior sumamos un Gobierno que no sólo es completamente falto de escrúpulos, sino que carece de la más mínima humanidad, el resultado puede ser una historia tan grotesca como el abuso que están sufriendo viudas de toda España, que se están encontrando con multas de Hacienda a las que en muchos casos ni pueden hacer frente.
Es un caso que ha saltado sobre todo por lo que ha ocurrido en el madrileño barrio de Orcasitas, pero que como decimos está afectando a mujeres en todo el territorio nacional. Mujeres en una situación de especial vulnerabilidad, que con ingresos de sólo unos cientos de euros al mes deben hacer frente a facturas impositivas de hasta seis o siete mil.
Mujeres, y esto quizá es lo más grave, a las que la Justicia ha dado la razón –y nada más y nada menos que el Tribunal Supremo–, pese a lo cual siguen sufriendo el mordisco avaricioso de la administración tributaria, a cuyo lado el conde Drácula era un donante habitual de sangre. Por cierto, hay que ser miserable para litigar con una viuda hasta el Supremo por seis o siete mil euros, es que hasta el más cruel salteador de caminos era mucho más compasivo que esta Agencia Tributaria.
Y, encima de que se comportan como auténticos mafiosos, los políticos nos dan lecciones de moralina sobre cómo todos tenemos contribuir a este Estado de su bienestar, lo terriblemente malvados que son aquellos que prefieren no ser expoliados sin al menos quejarse y presumen de que sólo gracias a su bondad y al dinero público podemos seguir con nuestras vidas.
Lo único bueno de este caso tan escandaloso es que en pocas ocasiones ha quedado más en evidencia la realidad de lo que es Hacienda, de lo que es el Gobierno de Pedro Sánchez y María Jesús Montero y, sobre todo, de lo que es el pago de impuestos en España: una caza al inocente y al desvalido para poder pagarle a los broncanos del periodismo y la televisión, a los koldos y a los titos Berni de la política y a los amigos de Begoña Gómez sus multimillonarias coimas.