El político que más daño ha hecho a Cataluña, responsable de que casi 20.000 empresas huyeran a otras partes de España para evitar los efectos catastróficos de su aventura secesionista, sigue teniendo predicamento político y concitando el respeto de sus víctimas, muchas de las cuales lo visitan en el extranjero para rendirle pleitesía.
Es lo que hizo ayer la patronal catalana, Foment del Treball, que envió una amplia delegación al sur de Francia para reunirse con el prófugo de la Justicia y tratar con él las medidas económicas de su programa electoral en un clima de pretendida normalidad. Atendiendo a su petición, Carles Puigdemont, candidato de Junts per Catalunya para las próximas elecciones autonómicas, se reunió con los empresarios catalanes acompañado por la plana mayor de su partido, en un acto esencialmente propagandístico que trata de presentar al golpista como un valor fiable de cara a la cita electoral que tendrá lugar el próximo 12 de mayo.
La patronal catalana afirma que el encuentro con el prófugo de la Justicia española en suelo francés "se incluye en la normalidad institucional". En la reunión, los empresarios han entregado a Puigdemont 465 propuestas de cara a las elecciones, en un listado que incluye en lugar destacado la necesidad de dar "mayor seguridad jurídica" a la actividad empresarial en Cataluña. Eso, al responsable de la mayor huida de empresas de un territorio civilizado en tiempos de paz, lo que da una idea de lo que los empresarios catalanes entienden por "normalidad institucional".
Ajenos a la realidad de Cataluña y al sufrimiento provocado por el separatismo en los últimos años, la delegación empresarial encabezada por su presidente, Josep Lluis Sánchez Llibre, ha planteado también a Puigdemont un documento con numerosas medidas fiscales destinadas a "establecer las bases para un ecosistema económico positivo y dinámico", como si el fugado y sus socios no tuvieran nada que ver con la intentona golpista de octubre de 2017, que tuvo como una de sus consecuencias el desplome de la actividad económica y la fuga de empresarios hacia otras provincias de España, incluidos los dos grandes bancos que tenían su sede en Barcelona.
Haciendo gala del tradicional servilismo político de la burguesía catalana, la delegación empresarial denuncia también "el déficit de inversiones en infraestructuras en Cataluña y la falta de ejecución de estas cuando se planifican", por lo que reclaman "la ejecución de las inversiones que el país (sic) necesita". Sin duda, Puigdemont habrá agradecido este apoyo de los empresarios de su tierra, que se suman de esta forma al separatismo exigiendo a Sánchez una fiscalidad a la carta y la gestión de todos los impuestos generados en la comunidad catalana. Todo ello mientras llega el referéndum de autodeterminación.