Ya resultó infame que Sánchez aprovechara el primer día de luto nacional por la catástrofe provocada por la DANA, jornada en la que se suspendió la sesión de control al gobierno, para aprobar de tapadillo el bochornoso decreto con el que él y sus socios separatistas se han hecho con el absoluto control de RTVE. Más miserable todavía resulta, sin embargo, que el presidente del Gobierno condicione las futuras ayudas a la zona arrasada por la gota fría a que el PP respalde unos nuevos presupuestos generales de los que todavía no se tiene conocimiento y que el gobierno no tiene la menor intención de elaborarlos en consenso con el principal partido de la oposición. Esto es lo que ha venido a plantear el presidente del gobierno al anunciar una primera, tardía e insuficiente ayuda que no alcanza los 11.000 millones de euros, que se canalizarán fundamentalmente a través de los ayuntamientos, y que no deja de ser un chantaje en toda regla por parte de Sánchez por muy compungido y por muy poca vergüenza con las que lo haya planteado.
Para empezar, es sencillamente mentira que sin nuevos presupuestos no se pueda destinar ayudas extraordinarias a la zona devastada. Y reciente, aunque no única prueba de ello, son estos 10.600 millones de euros que el gobierno ha anunciado como primera entrega de ayudas. Pero es que recordemos que la ley permite al gobierno acudir a ampliaciones de crédito para modificar las partidas de los presupuestos, tal y como el gobierno ha hecho profusamente para sortear el hecho de que los tenga prorrogados desde el 2023. Así, sólo en el primer semestre de este año el gobierno ha disparado en 20.000 millones las ampliaciones de crédito precisamente para salvar la falta de presupuestos.
Y es que una cosa es someter las ayudas extraordinarias a la zona devastada a la aprobación del Congreso y pedir el apoyo para su aprobación al PP —cosa a lo que el partido de Feijóo ya se ha ofrecido— y otra, muy distinta, insertar esas ayudas en unos nuevos presupuestos elaborados únicamente por el gobierno en comandita con sus socios separatistas y luego poner a la oposición de PP y Vox en la tesitura de o bien tener que respaldar esos presupuestos a los que no se les permite ninguna enmienda o bien rechazarlos, lo que conllevaría el rechazo a su vez a las ayudas que tanto necesita muy especialmente la Comunidad Valenciana.
Cuestión aparte es la ineludible responsabilidad que tiene el gobierno de Sánchez de reclamar ayuda extraordinaria ante la Unión Europea ante una catástrofe de esta envergadura. ¿Cuándo la va a pedir después de rechazar la ayuda de bomberos y militares de algunos países comunitarios que nos la ofrecieron? ¿Cómo las va a pedir si incluso a día de hoy el presidente del gobierno se niega a declarar ningún estado de emergencia con la excusa de que somos "un país descentralizado"?
Al margen de que Sánchez, como ha venido a decir Felipe González, confunde "descentralizar con centrifugar", es evidente que el gobierno de la nación ha de asumir el control mediante la declaración de un estado de emergencia, tal y como le ha exigido Feijóo. Entre otras cosas, porque el Ejercito, tan decisivo en las labores de reconstrucción y salvamento, son competencias exclusivas del Estado central y no de ninguna autonomía.
Hora es, por cierto, en la que el presidente del Gobierno no ha dado ninguna explicación de por qué ha apartado al JEMAD de la cadena de mando en las labores de ayuda a las que el ejercito a su mando debe entregarse en la mayor medida posible. Pero lo que ya es evidente es la doble e infame instrumentalización política que pretende hacer Sánchez de la tragedia: Por un lado, dejar a un gobierno valenciano sin recursos y sin competencias al frente de las labores de reconstrucción y, por otro, condicionar la ayuda financiera a dicha Comunidad a que el PP les apruebe unos nuevos presupuestos. Y eso no es gobernar, sino utilizar a los ciudadanos —muy especialmente a los valencianos— de rehenes para blindarse en el gobierno.