El Tribunal Supremo ha imputado este jueves al exministro José Luis Ábalos. La lista de delitos por los que se investiga al que también fue secretario de organización del PSOE, es decir, número dos del partido, es escalofriante: organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación.
Hay un detalle que es muy importante destacar en todo este asunto: esos de delitos los cometió Ábalos, presuntamente, no sólo mientras era ministro y mandamás casi absoluto del PSOE, sino precisamente porque sus cargos le facilitaron los contactos y el poder para crear lo que podría llegar a ser considerado judicialmente una organización criminal.
No estamos hablando de alcaldes que logran dinero en B para el partido o para sí mismos, ni de concejales de urbanismo que se enriquezcan con tejemanejes alrededor de la calificación de unos terrenos o mordidas en las concesiones de basuras. No, no es un caso aislado en un recodo del poder: estamos hablando de una trama que, presuntamente, nacía del núcleo duro del Gobierno y del partido y que sólo podría desarrollarse con la participación o, al menos, la anuencia de buena parte del Ejecutivo. Y desde luego del hombre que había colocado a Ábalos al mando del partido y en el ministerio, qué casualidad, que más dinero público gasta.
Nunca la corrupción había llegado tan alto, de hecho nunca como ahora apuntaba directamente al presidente del Gobierno.
Porque además no es sólo el caso Ábalos, que por sí mismo es ya un escándalo monstruoso: es Tito Berni extendiendo la mancha por el grupo parlamentario y, sobre todo, es la corrupción que ya no sólo afecta al entorno político del presidente, sino que también llega a su entorno más personal: su hermano y hasta su mujer. ¿En qué país que podamos considerar una democracia homologable algo así no habría provocado ni una dimisión?
El PSOE y el Gobierno tratan ahora a Ábalos y a Koldo como si fueran dos extraños que nunca han tenido que ver con ellos, pero la realidad es exactamente la contraria: el hoy imputado era la pieza esencial tanto del Ejecutivo como del partido que lo sostiene.
Sí, es cierto que, al menos por ahora, la imputación del Supremo es solo para Ábalos desde el punto de vista judicial, pero desde el político alcanza tanto a PSOE como al Gobierno en pleno y, muy especialmente, a su presidente.