Para esto, no se precisan ayudas, bastan los/las ministros/as y altos dignatarios de la Administración que, al parecer, no fueron elegidos para hacer, sino para destruir.
La Seguridad Social es una macroinstitución en la que la práctica totalidad de los españoles está interesada, bien como cotizante y/o como beneficiario. El ámbito de acción es muy amplio, aunque todo él, basado en la previsión y aseguramiento de riesgos: enfermedad, accidentes de trabajo, pérdida de la ocupación, por jubilación o por despido disciplinario…
Las líneas preferentes de demagogia política son, sobre todo, la cuantía de las pensiones, responsabilizando a los pensionistas de su agotamiento –viven demasiado–, y las prestaciones y subsidios por desempleo.
El sistema optó se financia por reparto, de modo que las cotizaciones de hoy tienen que financiar las coberturas de hoy. Con lo cual, el argumento falaz del aumento de pensionistas, poniendo en peligro la solvencia del sistema, está servido. ¿Responsables? Ni siquiera por error, nadie.
Un principio básico: la Seguridad Social, precisamente por ser Seguridad, sólo debe asumir las obligaciones que nacen de sus asegurados, en cuanto tales; es decir, de los que en su vida laboral fueron cotizantes, pero no de los que no lo fueron, o no lo fueron el tiempo suficiente.
Por ello, sin negar el derecho a percibir un mínimo vital a quien corresponda, sí deberíamos negar un subsidio de desempleo, así como pensiones no contributivas, con cargo a la Seguridad Social, precisamente, porque sus interesados no cotizaron en su momento. Partidas tendrán los Presupuestos del Estado, para ello.
Tampoco, los artificios lingüísticos de la ministra de Trabajo, no pueden hacer compatible la prestación por desempleo –menos aún el subsidio– con la percepción de un salario inferior al 225% del IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples) que, en 2024, es de 600,00 euros al mes.
Como resulta extravagante que una prestación por desempleo se perciba cuando se percibe un salario, la señora ministra ha cambiado su denominación, por la de complemento de apoyo al empleo. Sí, un fraude; este riesgo no estaba incluido en la cobertura del desempleo.
La ministra lo que teme es que el parado opte por seguir parado, frente a aceptar un empleo. Opinión, inmerecidamente peyorativa del trabajador español, cuando son muchos los que buscan empleo por tiempo prolongado, sin éxito alguno.
No importan ahora los detalles exigibles para el mencionado complemento; lo que importa es el hecho político-jurídico-económico de que lo que no puede ser se convierta, por capricho ministerial, en lo que es.
Las entidades de seguros, también la Seguridad Social, aseguran riesgos, por un precio –prima en los privados, cotización en la Seguridad Social– cuya cuantía depende de la probabilidad del siniestro asegurado, y del volumen probable de siniestros respecto al colectivo asegurado.
Incrementar graciosamente riesgos asegurados, sin haber cotizado para su cobertura, es utilizar la Seguridad Social como herramienta electoral, convirtiéndola en Inseguridad Social.
Y, no responsabilicemos del déficit a los pensionistas, que no hicieron más que fiar en la seguridad pública, cotizando según sus bases, sometiéndose a la obligatoriedad del sistema.