Menú
EDITORIAL

El campo quiere más mercado

La ley de cadena alimentaria es una norma liberticida que impone graves sanciones a los agentes del sector primario.

El socialismo provoca problemas económicos y sociales que después pretende solucionar con más coacción fiscal y nuevas imposiciones legales, lo que agrava la situación inicial. Esto ocurre en todos los órdenes de la vida económica, pero el caso de la agricultura es paradigmático por el daño que las medidas de inspiración socialista pueden llegar a provocar a todo un sector. Es el caso de la ley de la cadena alimentaria, que el Gobierno social-comunista impulsó en 2020 como la solución definitiva para garantizar "un precio justo" de los productos agrarios en origen y que, cuatro años después, ha demostrado ser un fracaso.

Lo que pretendía el Ejecutivo sanchista, aplicando la doctrina socialista que inspira todas sus decisiones, era castigar a las empresas que pagaran precios por debajo del coste de producción, pero esta amenaza coercitiva es, en primer lugar, muy difícil de aplicar por la dificultad de probar la intencionalidad de los presuntos culpables. Por otro lado, el castigo a los que incumplen los mandatos gubernamentales no garantiza la solución de un problema que, al margen de lo que ocurra con una parte de los agentes implicados, va a seguir existiendo en la misma o mayor medida.

Este es también el razonamiento que esta semana expresaba el presidente de las Cooperativas Agroalimentarias de España, Ángel Villafranca, ante el ministro de Agricultura, Luis Planas, al que reprochó que su cacareada ley de cadena alimentaria solo está generando "frustración" entre los agricultores. En la clausura de la Asamblea General anual celebrada este pasado jueves, el presidente de los cooperativistas agroalimentarios advirtió al ministro de que esa norma, cuya ampliación naufragó en el congreso también esta misma semana, "no va a conseguir que las explotaciones sean rentables; ni siquiera va a cubrir sus costes de producción" por la sencilla razón de que "los precios los marca el mercado".

A estas empresas agrarias de carácter social no se les escapa que el futuro de su negocio no puede depender de los mandatos coactivos del Gobierno, sino de que todos los actores económicos del sector puedan llevar a cabo su trabajo en condiciones de seguridad jurídica para que sea el mercado, es decir, las decisiones de millones de productores y consumidores, el que dictamine el grado de éxito de unos y otros.

La ley de cadena alimentaria es una norma liberticida que impone graves sanciones a los agentes del sector primario, del que las cooperativas agrarias son una parte fundamental. Vendida como solución a los problemas del campo, las dificultades de su aplicación y la arbitrariedad de las exacciones aplicadas por funcionarios son, como decía Ángel Villafranca, fuente de frustración para los agricultores, que con este tipo de leyes y sus continuas reformas ven agravada su situación.

El campo no quiere salvadores que desde el Gobierno impongan multas o repartan subvenciones. Los agricultores necesitan seguridad jurídica y un mercado eficiente, única manera de sacar adelante sus explotaciones sin tener que depender de los bandazos de la clase política o la limosna estatal.

Temas

En España

    0
    comentarios

    Servicios

    • Radarbot
    • Biblia Ilustrada
    • Libro
    • Curso