Sin querer incurrir en cómodas equidistancias, pero tampoco en errados maximalismos, consideramos exagerado afirmar, tal y como han declarado desde Vox o Podemos, que el acuerdo alcanzado este martes por socialistas y populares para renovar el Consejo General del Poder Judicial tras más de 2000 días de bloqueo constituye la "consumación de una traición por parte del PP" o la "rendición del PSOE". El hecho de que el número de vocales a propuesta del PSOE sea el mismo que los propuestos a instancias del PP (10 cada uno); el perfil de "independencia" o —cuanto menos— de moderación de la mayoría de los 20; el hecho de que se deje en manos de los vocales la elección de la presidencia del órgano; o que todos los nombramientos discrecionales del Consejo se adoptarán por mayoría reforzada —es decir, un mínimo de 13 vocales— hubiera sido impensable sin la tutela y observancia de la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Joriuva y constituye un acuerdo mucho menos malo que el que cabría esperar de un gobierno tan radicalizado y sectario como el que preside Pedro Sánchez.
Ahora bien: sin ser una "rendición ante el PSOE", este acuerdo pospone a una futura reforma legal el cambio de elección del órgano de gobierno de los jueces para que "al menos la mitad de sus miembros" sean elegidos por los propios jueces y magistrados, tal y como reclama la UE y cabe interpretar literalmente del propio articulo 122.3 de la Constitución española; como también pospone a futuras reformas de le Ley Orgánica del Poder Judicial y de la ley que regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal el acuerdo por el que no podrán acceder al cargo de vocales ni al de fiscal general del Estado quienes hayan ostentado cargo político en los últimos cinco años.
Esto, desde luego, no es "despolitizar la Justicia para renovar después", sino "renovar ya mediante designación política" el CGPJ con el compromiso de "cambiar después" este sistema de elección del órgano de gobierno de los jueces. Y ante este hecho cabe advertir que, por mucho que el PP haya logrado borrar el sectarismo de este gobierno en el acuerdo, nada le garantiza que haya borrado de él un rasgo no menos característico de este infame Ejecutivo como es su pulsión por el engaño o la mentira.
El problema es que el PP, durante todos estos años de interinidad del CGPJ, ha dejado que el PSOE impusiera en la opinión pública su artero relato, según el cual esta situación de bloqueo se debía, no a la negativa del PSOE a cambiar el sistema de designación política de todos los vocales del órgano, sino a la negativa del PP a llegar a un acuerdo con el PSOE. Así las cosas, ahora el PP no se había dejado otra salida que llegar a un acuerdo lo menos malo posible con el PSOE con la esperanza de que este cumpla su compromiso de despolitizar después el sistema de elección.
Sin ser tan maximalistas en la crítica como lo es Vox, tampoco somos tan optimistas como se han mostrado Feijóo y Ayuso con este acuerdo en lo que "avance de la independencia del Poder Judicial" se refiere. Y es que no cabe volver a confiar en un gobierno tan tramposo y con tantas pulsiones totalitarias como este, más aún en unos momentos en los que podemos ver en qué se ha transformado el Tribunal Constitucional después de pasados acuerdos para renovarlo: un "tribunal" que garantiza al Gobierno socialista que nada de lo que impulse sea declarado inconstitucional, aunque sea una inconstitucional amnistía o una amnistía encubierta para la corrupción socialista de los ERE.
En definitiva, por mucho que este acuerdo entre PSOE y PP no constituya un "jaque mate" a nuestra nación entendida como Estado de derecho, nuestra democracia liberal y nuestra separación de poderes sigue estando en peligro.