La declaración judicial este pasado viernes del rector de la Universidad Complutense, Joaquín Goyache, ha sido de extraordinaria relevancia para acotar la magnitud de las corruptelas de las que se acusa a la mujer de Pedro Sánchez.
Según relató ante el juez instructor, la secretaria de la mujer del presidente del Gobierno lo citó en el palacio de La Moncloa para una entrevista en la que le solicitó la creación ad hoc de una cátedra en la que pudiera ejercer como codirectora, puesto que Begoña Gómez no tiene estudios universitarios. Citar oficialmente al rector de una Universidad Pública en la sede del Gobierno de la Nación para que la mujer del presidente le proponga un negocio privado es, por sí mismo, motivo suficiente para que Sánchez asuma las correspondientes responsabilidades políticas, más allá del reproche penal que merezca esta conducta cuando concluya el proceso actualmente en marcha. A la evidente coacción que supone un llamamiento de estas características a través de cauces oficiales (la encargada de llamar al rector fue una funcionaria del Palacio de la Moncloa), hay que añadir el hecho de que durante la entrevista, según declaró el rector ante el juez, Begoña Gómez informó a la alta autoridad académica de que el dinero no iba a ser problema porque contaba con la financiación de un selecto grupo de empresarios privados. El resultado es que, en menos de tres meses, un tiempo récord para lo que se estila en el mundo académico, la flamante cátedra de Begoña Gómez estaba ya funcionando, con su codirectora al frente.
A partir de ahí comienza a tejerse un entramado de relaciones empresariales, en el que la cátedra de Begoña Gómez y las adjudicaciones y subvenciones del Gobierno actúan como vasos comunicantes, según han destapado las distintas investigaciones periodísticas. De esa manera, las empresas más significadas con los negocios de la mujer de Sánchez acababan siendo receptoras de importantes sumas de fondos públicos, una conducta que avala sobradamente las sospechas de tráfico de influencias de las que se le acusa aprovechando su condición de esposa del presidente del Gobierno.
Como decíamos al principio, la Justicia tendrá que determinar en su momento si los negocios de Begoña Gómez y sus empresarios protegidos suponen un delito de tráfico de influencias y/o de corrupción en los negocios, pero lo que ha quedado claro tras la declaración del rector Goyache, es que Sánchez utilizó la sede del Gobierno para los enjuagues privados de su mujer.
En contra de lo que sostienen el presidente y sus voceros afines, ni Begoña Gómez es una profesional acreditada en ningún ámbito de la economía o el conocimiento (ni siquiera es licenciada) ni sus actividades se organizaron al margen del poder político. Muy al contrario, sin su vínculo marital con el presidente socialista ninguna universidad hubiera permitido la creación de un chiringuito como el ideado por Sánchez y su mujer, gracias al cual las empresas que financiaron su puesta en marcha habrían recibido un trato de favor por parte de todo tipo de organismos gubernamentales.