Esta pregunta ocupa el centro de la escena política. Su respuesta exige indagar no tanto en las cloacas del Estado, parte fundamental en todo lo que hace este Gobierno, cuanto en el papel clave que siempre desempeñaron en España las sociedades secretas. Éstas tuvieron siempre un fuerte influjo en la política interior de España. La simple mención de este asunto nos trae a la memoria tristes y trágicos sucesos de nuestra historia reciente. La Primera y la Segunda República llegaron y, sobre todo, se mantuvieron con sus apoyos. México y, poco más tarde, Rusia fueron, en el inicio del siglo pasado, arquetipos de países revolucionarios dirigidos por ese tipo de oscuras sociedades. La fundación y desarrollo del Partido Comunista, especialmente en la URSS, cuyo único objetivo fue, y sigue siendo, eliminar el Estado-Nación, eje principal de toda sociedad civilizada, no se concibe sin el secretismo y la oscuridad de su Comité Central. Las tinieblas de las sociedades secretas infunde en el espectador normal repugnancia estética no vencible, como diría el genio de todos los heterodoxos de España.
Pero están ahí y, aunque nos provoquen asco, deben ser estudiadas e historiadas. Y eso es lo que hacen los buenos periodistas y reporteros, como es el caso de David Alandete en su libro La trama rusa, un estudio serio y riguroso sobre las alianzas secretas entre el separatismo catalán y el Kremlin del que no sale muy bien parado el PSOE y menos aún su actual secretario general, quien a veces se nos presenta como un precipitado impuesto por alguna ramificación de esa gran trama entre comunistas y separatistas. No es miedo, en efecto, lo que provoca este tipo de historias sobre las sociedades secretas, sino asco estético y moral, pero es menester alentar este tipo de trabajos para que los ideales de la libertad y la democracia no acaben, definitivamente, asesinados por los criminales del Estado de Derecho y la democracia liberal.
En el último período de nuestra historia reciente, para ser más exactos el que va Zapatero a Sánchez, podría discutirse la mayor o menor presencia de esas sociedades secretas, que algunos reducen a las simples cloacas "policiales", en los principales acontecimientos políticos que afectan al Estado, pero nadie en su sano juicio puede dejar de reconocer que su influjo es real y efectivo. ¿O acaso es necesario volver a mencionar el 11-M? Sí, resultó raro la llegada de Zapatero al poder después del mayor atentado terrorista de la historia de España. También fue extraña la salida de Rajoy del gobierno de España por una obscura moción de censura, urdida de prisa y corriendo y, como se ha demostrado más tarde, amañada por una falsa sentencia judicial. Y es aún más inquietante y doloroso plantearse la siguiente pregunta: ¿cómo se mantiene en el poder un partido, el PSOE, que pierde todas las elecciones? Esto desborda el análisis político, aunque algunos se resistan y no quieran admitirlo.
Por ese camino, podrían citarse otros tantos acontecimientos políticos rarísimos, difíciles de entender para quienes nos guiamos por la luz serena y clara de los ideales defendidos en nuestro texto constitucional. Precisamente, por la defensa de la democracia, debería estudiarse el caso de la señora Gómez con detenimiento. ¿Quién es verdaderamente esta señora?, ¿qué papel exacto desempeña en la política española?, ¿por qué esa cuasi declaración de Estado de sitio para que no declare ante un juez que la ha imputado por delitos varios?, etcétera. Todas esas preguntas nos llevan a otra más elemental: ¿No podría integrarse lo de la señora Gómez en la taxonomía de un asunto de sociedad secreta? La movilización beligerante del entero gobierno de España, con el apoyo de sus terminales mediáticas y la Fiscalía General del Estado, convierten lo sustantivo del acontecimiento, es decir, ir a declarar ante el juez como un ciudadano normal, en uno más de las tinieblas de las sociedades secretas, a saber, impedir por todos los medios que declare quien, y esto es ya algo más que un supuesto, manda en todo el tinglado político. El empeño puesto por el gobierno para evitar que vaya a declarar ante el juez es de tal envergadura que nos hace sospechar de todo, incluso de quién es el verdadero presidente del gobierno de España. Quizá no fue un lapsus lo de López, el portavoz socialista en el Congreso, cuando dijo que no debería permitirse a un juez juzgar a la "presidenta del Gobierno". Lo real se impone ante nuestros ojos: la comparecencia ante el juez Peinado, que instruye su caso, está siendo interferida continuamente por tácticas dilatorias, la forzada entrada por el garaje en los juzgados, el descomunal dispositivo de cientos de policías en la Plaza de Castilla, drones, helicópteros, el trato vejatorio dado a los periodistas y, en fin, la sensación de impunidad con la que actúan todos los que están en torno a la señora Gómez nos hacen tomarnos en serio la afirmación: "Nadie puede juzgar a la presidenta del Gobierno". La historia de la sociedad secreta que ha llevado a la Moncloa a la señora Gómez no es fácil de hacer. Es comprensible las dificultades que deben vencerse para tejerla con rigor cronológico y la suficiente comprobación de los detalles de todas sus acciones, pero estoy convencido de que pronto aparecerá alguien que consiga contarla al estilo de la escrita por David Alendete sobre los separatistas catalanes con Putin.
