Las primeras palabras de Marta Rovira en su regreso a España han consistido en una llamada sin rodeos a retomar la senda del golpe de Estado separatista. "Estamos aquí para terminar lo que dejamos a medias", ha declarado nada más pisar suelo español en una demostración más de que la "normalización institucional, política y social" a la que alude el enunciado oficial de la ley de amnistía es la normalidad golpista, la normalidad de otoño de 2017, cuando los partidos y entidades independentistas perpetraron una asonada desde las propias instituciones de autogobierno que estuvo a punto de causar un conflicto civil en Cataluña.
Se debe tener en cuenta además que Marta Rovira es ahora mismo la única cabeza visible de ERC, la secretaria general que conduce las negociaciones con el Gobierno sobre la financiación "singular" (otra vuelta de tuerca al bolsillo de todos los españoles para abonar el peaje de la permanencia en la Moncloa de Pedro Sánchez), el reconocimiento "nacional" de Cataluña y, acto seguido, la autodeterminación. Y todo ello a cambio de investir presidente de la Generalidad al socialista Salvador Illa, un títere manejado a cuatro manos por Sánchez y los separatistas.
Que la persona que está a punto de dar el visto bueno a la investidura del dirigente del PSC proclame sin ambages que no desiste de sus intenciones golpistas nada más beneficiarse de la amnistía prueba la complicidad de los socialistas, dentro y fuera de Cataluña, con los separatistas. El regreso de Rovira muestra también que la amnistía, lejos de restañar la fractura social, devuelve Cataluña a la casilla de salida del "Procés". Rovira ha señalado que su presencia en España sin haber rendido cuentas ante la justicia es una "victoria" del separatismo. Tiene razón. Es una victoria del separatismo facilitada por la traición a España de Pedro Sánchez y los socialistas y por un error judicial en el caso Tsunami. Y es evidente que no viene a cerrar una etapa, la del "Procés", o a reconducir la acción política de ERC, sino para todo lo contrario, para reabrir el Procés y para que su partido siga perpetrando ilegalidades en compañía del PSC como la de permitir el voto de los fugados en la cámara catalana.
Según Rovira y según los socialistas, el acuerdo para investir a Illa está prácticamente cerrado, pero aún hay un escollo final. Deberá ser refrendado por la militancia de ERC. Puede que a las bases del partido separatista les cueste dar el visto bueno a un gobierno de la Generalidad socialista y prefieran repetir elecciones, pero la actualidad de ERC en las últimas semanas arroja situaciones tan inmorales (la campaña contra los Maragall utilizando el alzhéimer o la estructura paralela a la dirección que organizó Rovira desde 2018 para puentear a Junqueras) que entra dentro de lo posible un pucherazo para que se impongan las tesis de Rovira y de los altos cargos republicanos pendientes de renovar en sus puestos en la administración autonómica a cambio de prestar la Generalidad a los socialistas.
Estas son las consecuencias de la amnistía, una Cataluña abocada al desorden y a los caprichos separatistas, a las ansias de venganza de gentes como Rovira y Puigdemont, a la fractura social, la fuga de empresas y el malestar generalizado. Es parte del precio de que Sánchez siga en Moncloa, así como una humillación en toda regla para más de la mitad de los catalanes y para una gran parte del resto de los españoles.