Las declaraciones de los testigos en el caso que afecta a la mujer del presidente del Gobierno van aclarando los extremos de un asunto que apesta cada vez más a corrupción política. En concreto, los testimonios de los dirigentes académicos de la Universidad Complutense ante el Juzgado de Instrucción nº 41 de Madrid corroboran el demoledor informe enviado por la Universidad recientemente al juez. Dicho documento detalla todas las irregularidades cometidas durante el funcionamiento de la cátedra de Begoña Gómez y concluye con la petición de sumar a las acusaciones que pesan contra la mujer de Pedro Sánchez la de apropiación indebida, en relación con el software que tres grandes empresas elaboraron de manera gratuita para la Universidad y del que la mujer del presidente se habría apropiado para comercializarlo en su propio beneficio.
El exvicerrector de la Complutense, Juan Carlos Doadrio, llamado a declarar este pasado viernes aseguró, además, disponer de mensajes intercambiados con el rector, Joaquín Goyache, que le señalan directamente como impulsor del procedimiento, absolutamente irregular, con que se creó la famosa cátedra para la mujer de Sánchez. Doadrio desveló ante el juez que recibió una llamada del rector en la que le comunicó que tenía que "hacer una cátedra para la mujer del presidente del Gobierno". La llamada se habría producido poco después de que los asesores de Moncloa citaran a Goyache en la sede de la presidencia del Gobierno para mantener una reunión con Begoña Gómez. A partir de ahí el proceso de creación de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva se puso en marcha a una velocidad desconocida en estos casos, culminado con el nombramiento de la mujer del presidente para dirigirla a pesar de no contar, ni de lejos, con los requisitos que se exigen para desempeñar un puesto de tal responsabilidad. Dos vicerrectores confirmaron el pasado viernes ante el juez todos estos extremos.
Este cúmulo de irregularidades sirvió para que el socio de Begoña Gómez, el empresario Juan Carlos Barrabés, comenzara una carrera fulgurante como receptor de numerosos contratos públicos, sobre cuya idoneidad como mejor licitador pesan no pocas sospechas por la existencia de un posible trato de favor. Estas circunstancias, ciertamente irregulares, han hecho que Barrabés perdiera su carácter de testigo en la causa para convertirse, como su socia, en procesado.
Pero el caso está muy lejos de haber concluido. Las declaraciones de los próximos días seguirán aportando luz a un feo asunto que involucra de lleno al presidente del Gobierno, como impulsor en la sombra de una iniciativa de su esposa con la que se habrían cometido numerosas irregularidades, comenzando por su propio nombramiento como directora.
Sánchez puede amenazar a los medios libres y tratar de sobornar a los afines con dinero público, como anunció esta semana desde la tribuna del Congreso. Lo que no podrá evitar es que la Justicia concluya la investigación que está realizando sobre los enjuagues de su esposa en la Complutense, de todo lo cual, muy a su pesar, los españoles tendrán cumplida cuenta.