En un país que ya lleva demasiado tiempo viviendo un "estado de excepción democrática", con un presidente del Gobierno acosado por los procesos judiciales contra la presuntamente evidente corrupción de sus familiares más cercanos, con un ejecutivo acosando a los jueces y juezas de instrucción que se atreven a cumplir su deber en condiciones de resistencia anormal e indebidamente heroicas, con unos partidos racistas que extorsionan al ejecutivo dejándolo "a la intemperie" por falta de techo de gasto, que pretenden romper la caja común de nuestros impuestos para asaltarla en su exclusivo beneficio y en los que su enfermedad congénita de xenofobia cursa en forma de insolidaridad a la hora de acoger su respectivo cupo de inmigrantes; nuestros jueces y juezas se alzan —junto al Rey— como una de las últimas fronteras que nos restan para conservar nuestra dignidad como nación de ciudadanos libres e iguales.
En concreto, el Auto de 24 de julio de 2024 de la Sala Penal del Tribunal Supremo —que recordemos culmina la pirámide constitucional de nuestro Poder Judicial— plantea ante el Tribunal Constitucional —que habita al margen de aquel Poder— una cuestión de inconstitucionalidad contra el artículo 1 de la infamante "Ley Orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña" (publicada en el BOE Núm. 141 del martes 11 de junio de 2024 Sec. I. Pág. 67764 y ss.) al considerar que vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley, así como los principios de seguridad jurídica y proscripción de la arbitrariedad que la Constitución española proclama; y que, subsidiariamente, pudiera vulnerar el principio de exclusividad jurisdiccional.
El Auto retrata, con brillante exactitud, el desafío chulesco de los golpistas xenófobos cuando destaca que "los golpistas amnistiados no es que mantengan, como tienen derecho a hacerlo, la ideología que les trajo hasta aquí. No es que no pidan perdón a los demócratas catalanes y a los del resto de España por haber intentado alterar por la fuerza de los hechos el orden constitucional democrático. Es que afirman, en lo que ya es un eslogan, que ‘lo volverán hacer’. Desde tribunas públicas, desde el Congreso mismo de los Diputados, ante miembros del Gobierno de España, ante los representantes de los ciudadanos y, en última instancia, ante la comunidad toda, proclaman que no aceptan perdón alguno, que simplemente han vencido y, como machaconamente repiten, amenazan con que lo volverán a hacer".
Tras exponer, a lo largo de sus 49 folios, los argumentos en favor del planteamiento de la cuestión por la vulneración, por parte de la Ley de Amnistía, de los valores proclamados por nuestra Constitución de 1978 del derecho a la igualdad y del principio de seguridad jurídica; concluye el Auto diciendo que "la norma cuestionada repugna al derecho constitucional a la igualdad ante la ley, resultando por entero arbitrarias las razones que se aducen para justificar el tratamiento claramente discriminatorio que la norma impone. El sistema constitucional se sustituye por lo que gráficamente se ha denominado como una suerte de amnistía permanente revisable, contraviniendo también el principio de seguridad jurídica y alterando las bases de la convivencia democrática, con el efecto añadido de introducir una suerte de factor criminógeno. No estamos aquí ante un debate político de mayor o menor calado. Son los principios constitucionales y el sistema democrático mismo, —no tan fácil de conseguir y preservar como la perezosa costumbre suele hacernos creer—, los que están aquí en cuestión".
Esas frases, a las que no nos atrevemos a añadir una coma por su contundencia lógica, su claridad jurídica y su valentía cívica; retumban en nuestras conciencias de ciudadanos libres e iguales como otros tantos aldabonazos a nuestro coraje ciudadano que nos haga salir de esa zona de "confort" cobarde en la que viven instalados tantos compatriotas por interés o por cobardía para luchar, cada uno desde donde pueda, por conservar nuestra dignidad.
Los lectores interesados en conocer con mayor profundidad el Auto pueden consultar la Comunicación Poder Judicial del pasado miércoles, 24 de julio de 2024 titulada; "El Tribunal Supremo plantea cuestión de inconstitucionalidad contra la Ley de Amnistía por vulneración del derecho a la igualdad y el principio de seguridad jurídica".
Como siempre hacemos, queremos acabar esta opinión con un mensaje optimista, porque más de 7 de cada 10 ciudadanos de la UE están de acuerdo en que la UE desempeña un papel importante a la hora de ayudar a defender el Estado de derecho en su país, según constata el Comunicado de prensa de la Comisión Europea datado en Bruselas el pasado 24 de julio de 2024 titulado: "Informe sobre el Estado de Derecho de 2024: con la quinta edición, la UE está mejor equipada para hacer frente a los retos del Estado de derecho" (ref. IP/24/3864). Y, parafraseando a los clásicos, acabamos proclamando: "tibi confidum Europa".