Nadie se llame a engaño. El Gobierno de España y todos sus titiriteros en los medios de comunicación están dándole apoyo a la tiranía de Venezuela. El Gobierno de Sánchez pasó de la ambigüedad a la colaboración estrecha y decidida con el régimen de Maduro desde el día y hora que José Luis Ábalos, exministro de Transporte, se entrevistó en el aeropuerto de Barajas con Delcy Rodríguez, que tenía prohibido el paso en territorio Schengen por ser buscada por la justicia internacional. Mientras Maduro siga en el poder matando y masacrando a su pueblo, las famosas cuarenta maletas que trajo la delincuente en presencia de Ábalos seguirán, sin duda alguna, formando parte, como dijera el dictador Maduro, de los secretos de Estado. Pero, ay, si la dictadura cae, existe la posibilidad de que tanto el contenido de las maletas como la conversación entre Ábalos y Rodríguez dejen de ser asuntos secretos. Podrían convertirse fácilmente en actos públicos susceptibles de ser juzgados por tribunales nacionales e internacionales de justicia. Sí, ahí podrían verse implicados muchos dirigentes políticos de España.
Sí, el Delcygate es sólo un ejemplo de la colaboración entre Caracas y Moncloa, entre Maduro y Sánchez. Dicho en corto y por derecho, si cae la tiranía venezolana, existe la posibilidad de que nos enteremos de algunos extremos oscuros sobre las relaciones entre la dictadura de Maduro y el régimen autoritario que aquí ha impuesto Sánchez. Si cae la tiranía venezolana, quizá los españoles nos enteremos, finalmente, de los chanchullos entre el exministro de Transporte, José Luis Ábalos, con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, que tenía prohibido pisar suelo europeo al estar sancionada por la Unión Europea por "violaciones graves de los derechos humanos" en su país. Quizá también nos enteremos, tomen nota, del caso Neurona, del escándalo del rescate de la compañía venezolana de aviación Plus Ultra y, naturalmente, del llamado caso Morodo, el antiguo embajador del gobierno Zapatero en Venezuela, y algunos otros que me reservo. Todo esos casos, si cae Maduro, podrían ser tratados de otro modo por la Justicia. Seguramente, esa es la principal motivación, sin duda alguna rastrera y cobarde, para que el Gobierno de Sánchez guarde silencio ante el fraude electoral de la tiranía de Venezuela.
El caso Plus Ultra, por ejemplo, debe tener en vilo a los responsables últimos de su rescate. Recuerden. El rescate de la empresa venezolana de Aviación Plus Ultra al que el gobierno le dio 53 millones de euros. El Gobierno había usado un fondo destinado a empresas estratégicas para rescatar a una aerolínea que apenas operó el 0,03 % del total del tráfico aéreo generado en España en 2019: apenas 823 vuelos en el año anterior a la pandemia, lo que la situaron en el puesto 166 de todas las empresas del sector en nuestro país. En enero de 2021, último mes con datos disponibles antes del rescate, Plus Ultra había operado dos vuelos en España. Hay en el Escándalo Plus Ultra, según Alvaro Nieto, en su excelente libro Conexión Caracas-Moncloa, "una decena de evidencias que ponen de manifiesto la existencia de un posible delito de prevaricación (adoptar una decisión injusta a sabiendas) por parte del Gobierno, de ahí que la Justicia haya tomado cartas en el asunto para determinar si realmente hay algún tipo de responsabilidad penal que depurar". Es evidente que si la tiranía cae, se abren puertas para indagar cuáles eran y quizá sigan siendo las conexiones entre los chavistas de la compañía Plus Ultra y quienes, en último termino, tomaron en España la decisión de entregarles 53 millones de euros de los españoles, que no fueron otros que los miembros de la SEPI, o mejor dicho, los miembros del comité de la SEPE encargado de gestionar el fondo de ayuda a las empresas en dificultades, a saber, Bartolomé Lora, vicepresidente de la SEPI; Ana de la Cueva, secretaria de Estado de Economía; María Pilar Paneque, subsecretaria de Hacienda; Raúl Blanco, secretario general de Industria; y Sara Aagesen, secretaria de Estado de Energía, personas de la entera confianza de las ministras Nadia Calviño (Economía), María Jesús Montero (Hacienda), Reyes Maroto (Industria) y Teresa Ribera (Energía). Todos ellos, sí, tienen motivos suficientes para estar preocupados no tanto por lo que descubra la Justicia, sino por lo que pudiera descubrirse con la caída de la tiranía de Venezuela. Entiendo, pues, en términos políticos su silencio ante la dictadura, pero no puedo compartirla.
En fin, dicho en corto y por derecho, si cae la tiranía venezolana, existe la posibilidad de que nos enteremos de algunos extremos oscuros sobre las relaciones entre la dictadura de Maduro y el régimen autoritario que ha impuesto Sánchez a este bendito país. Tiempo al tiempo.