Sin novedad. Ningún presidente de la Generalitat ha tomado posesión con la bandera de España presente en el Salón Sant Jordi. Al igual que el pabellón, el idioma que nos une está proscrito. Ni un "buenos días" a los asistentes. Descorteses. Hoy envanecidos, ayer acoquinados y siempre supurando rencor. El salón había sido despojado de las pinturas "españolistas y anacrónicas". Entre ellas, la representación de la llegada de Colón a Barcelona ante los Reyes Católicos. Gastaron dos millones de euros para borrar nuestra historia común. Es la nueva convivencia.
Así ha quedado el salón de Sant Jordi de la sede de la Generalidad de Cataluña, tras eliminar las pinturas con la imagen de la llegada de Colón a Barcelona ante los Reyes Católicos.
También se han retirado los murales de las batallas de Bruch, Lepanto y las Navas de Tolosa.… pic.twitter.com/orKjbX26tO
— Javier Santamarta del Pozo (@JaviSantamarta) August 1, 2024
Pero sí ha sido una novedad en las tomas de posesión de presidentes socialistas: la escena consentida por Salvador Illa. El decorado de sus lealtades. El añadido visual a sus palabras. Les explico por qué.
Desde la última toma de posesión de Jordi Pujol (1999) a la de Artur Mas (2012), pasando por Maragall y Montilla, el protocolo del acto tenía el mismo formato: una mesa con cuatro personajes. Colocados de izquierda a derecha, un ministro del Gobierno de España, el presidente saliente, el entrante y el presidente del Parlamento catalán. Detrás de ellos, un gran retrato de Juan Carlos I con uniforme de marino. Puigdemont lo cambió. Con un telón negro ocultó al rey y el consejero catalán Jordi Baiget ocupó el puesto del ministro español. En el centro, Mas y Puigdemont; al otro extremo de la mesa, la presidenta del Parlamento, Carme Forcadell (esa "entrañable"abuela que no quería ir a prisión).
El socialista Illa ha mantenido el formato de Puigdemont con diseño de Ikea. Detrás de él una pared blanca y vacía. Flanqueado en la mesa por el presidente saliente (Aragonés) y el del Parlamento (Rull). Ni rastro del Estado. Él solo debe lealtad al pueblo de Cataluña.
Socialistas, independentistas y comunistas (estos antes vanguardia, hoy rebaño alimentado por sociatas) arrimaron el ascua a su sardina y reprodujeron un Tripartito inconcluso. El cervantista y paremiólogo Francisco Rodríguez Marín (autor de Más de 21.000 refranes castellanos no contenidos en la copiosa colección del maestro Gonzalo Correas..., Madrid, 1926) explica el origen del refrán: "antaño solían dar a los trabajadores de los cortijos sardinas, que ellos asaban en la candela de los caseríos; pero como cada uno cogía ascuas para arrimarlas a su sardina, la lumbre se apagaba, por lo cual tuvieron que prohibir el uso de ese pescado". Avisados estamos.
El 25 de julio de 2012 el Parlamento de Cataluña aprobaba la Resolución 737/IX sobre el pacto fiscal. El PSC del hoy amortizado Iceta apoyó la mayoría de los puntos y se puso un poquito estrecho con la Agencia Tributaría. El numero 362 bis del Boletín Oficial publicó las enmiendas socialistas. "La gestión, la recaudación, la liquidación y la inspección de todos los impuestos soportados en Cataluña corresponden a la Agencia Tributaria de Cataluña, salvo los de naturaleza local" (Enmienda 5 de modificación). "En cuanto a la aportación a la solidaridad y los mecanismos de nivelación, se establecerán los mecanismos adecuados para garantizar que Cataluña no pierda capacidad fiscal una vez hecha su contribución a la solidaridad, respetando escrupulosamente el principio de ordinalidad" (Enmienda 8 de modificación). En virtud del citado principio, "una comunidad autónoma no debe perder puestos en el nivel de renta per cápita como consecuencia de la aplicación de los mecanismos de nivelación entre comunidades". Diccionario panhispánico del español jurídico.
Dos meses después de ese acuerdo, el 20 de septiembre de 2012, Artur Mas pide un encuentro con Mariano Rajoy en Moncloa y le exige un pacto fiscal. Fue una reunión trampa. Tras la negativa del presidente del Gobierno, se convocan elecciones en Cataluña para noviembre de ese año. CiU acude con un programa electoral en el que reclama un Estado propio y una consulta soberanista. Comienza el procés liderado por CiU y el PSC entra en crisis. El 28 de octubre el Consell Nacional aprueba una resolución programática: "El PSC reclama el derecho a decidir de Cataluña en un referéndum". Rubalcaba —secretario general del PSOE— no está de acuerdo, pero lo entiende. Los estadistas son así.
Catorce años después, los socialistas reconocen que existe un conflicto político (entre Cataluña y el Estado) y acuerdan con los independentistas que "esta nueva etapa debe centrarse en su resolución". El resultado del "debate sobre el reconocimiento nacional de Cataluña" debe concluir en un referéndum: "los acuerdos fruto del diálogo y la negociación sean refrendados por la ciudadanía".
Y catorce años después, el presidente Sánchez firma con los independentistas un pacto fiscal que va más allá de lo aprobado por el Parlamento catalán en 2012. El acuerdo con ERC incluye, entre otros disparates, un inciso declarado inconstitucional: "La Generalitat debe contribuir a la solidaridad con las demás comunidades autónomas a fin de que los servicios prestados por los distintos gobiernos autonómicos a sus ciudadanos puedan alcanzar niveles similares, siempre que lleven a cabo un esfuerzo fiscal también similar". Ese "siempre…" que figuraba en el artículo 206.3 del Estatuto de Autonomía de Cataluña fue anulado (Sentencia del TC 31/2010). Y por supuesto, la ordinalidad que pedía el PSC en 2012 (no los independentistas): "Esta solidaridad debe estar limitada por el principio de ordinalidad".
Ahora comienza un nuevo procés, el de Illa. El socialismo, con Pedro Sánchez a la cabeza, ha tomado el relevo del independentismo catalán en el desguace de España. Olvidan que cada ruin tiene su alguacil.