Hará una eternidad, y más o menos un mes, el Gobierno reaccionó a la mención de "deportaciones masivas" que había hecho un portavoz del PP con rechazo frontal y tremendo escándalo. La palabra deportación, sin más texto ni contexto, tuvo entonces el poder de desencadenar la histeria de los gubernamentales y pareció que iba a incorporarse al catálogo de palabras proscritas, remedo de aquel Índice de libros prohibidos que tuvo la Iglesia. Pronunciarla se convirtió en aquel instante en la prueba de que uno se echaba, embriagado, en brazos de la extrema derecha xenófoba. Al calor de la ira humanitaria, se pudo pensar que el Gobierno y el partido de Sánchez nunca jamás habían deportado y nunca jamás deportarían a nadie, en ninguna circunstancia. Pero nunca digas nunca jamás. Aquí estamos, una eternidad de mes después, ante la noticia de que el Gobierno va a deportar a una decena de saharauis. ¿Adónde? Qué pregunta.
La deportación de estos saharauis, que habían pedido asilo político, se ha tramitado con una rapidez sorprendente, en comparación. Hay inmigrantes de los que llegan en cayuco a nuestras costas que llevan meses y meses rodando por centros y hoteles de distintas localidades mientras se tramitan sus solicitudes. Las ONGs a las que el Estado paga por atenderlos, vienen diciendo que muchos han tenido que huir de países como Mali por su condición de activistas o miembros del colectivo LGTBI, por lo que el asilo, hay que suponer, estará garantizado. En cambio, con los saharauis esa garantía no existe en absoluto. Un saharaui, por muy activista que sea, por mucho que peligre su integridad si se le devuelve a Marruecos, tiene prácticamente garantizada la deportación.
Será —suposición, porque las autoridades no informan de lo importante— que los saharauis llegan a Barajas con sus pasaportes, que los identifican como ciudadanos marroquíes, mientras que los que se embarcan en el cayuco tienen la precaución de llegar sin papeles. Será lo que sea, pero es. Unos pueden estar aquí bajo tutela del Estado, incluso instalados en hoteles y asistiendo a clases, mientras no se sabe qué hacer con ellos o porque no se puede hacer nada, y otros, que resultan ser saharauis, son deportados rápido y sin contemplaciones a pesar de que proceden de un territorio hacia el que España tenía una responsabilidad. Para ellos, para los saharauis, ha invocado Marlaska la ley. Hay que cumplirla, dice. Será la ley del embudo.
Que un Gobierno que, hace un mes, saltaba como un tigre furioso al sonido de la palabra deportación, ordene hoy deportar a los saharauis, muestra la impostura de la histeria y de la farfolla sobre la extrema derecha. Pero también muestra el residuo turbio del cambio de postura, el que todavía no ha conseguido explicar el partido de Sánchez. Como todo asunto envuelto en un misterio —o dos, que el enigma Pegasus va en el paquete—, aquel giro brusco y radical sobre el Sáhara induce a pensar que es por su causa que hoy nos encontramos con la noticia: en el país con los gobernantes más humanitarios y emotivos, donde el inmigrante que llega a sus costas sin papeles es atendido y tutelado, sentencian a unos saharauis a la deportación a Marruecos con una tranquilidad y rapidez asombrosas.
