Hasta ahora, la fecha del 13 de octubre era recordada porque tal día del año 54 después de Cristo fue proclamado emperador de Roma un joven algo disperso que respondía por Nerón, todo ello tras la muerte en extrañas circunstancias de su tío Claudio. Pero ese precedente histórico acaso quede eclipsado por la huelga de pagos que para el 13 de octubre en curso ha convocado cierto Sindicato de Inquilinas. Contra lo que pudiera creerse, lo de declararse en huelga de facturas constituye algo muy común. De hecho, las suspensiones de pagos de las empresas no son otra cosa. Y por cierto, tales huelgas resultan perfectamente legales.
Aunque lo malo —para los huelguistas— es que se ven desposeídos del control de sus empresas, al pasar a ser administradas por un juzgado. Y lo mismo sucederá, por cierto, con los inquilinos que se nieguen a desembolsar el arriendo de octubre: también un juez los desposeerá del derecho al uso del inmueble. Hasta ahí, la ley. Por lo demás, parece que la huelga ha sido concebida desde las cercanías del Consejo de Ministros. Así, acabo de escuchar a un vocero de Sumar, Íñigo Errejón, celebrando el incumplimiento ingente del Código Civil. En fin, vaya por delante que yo no creo que el derecho de propiedad sea sagrado y que deba prevalecer sobre cualquier otro.
Pero, dicho eso, considero que al diputado Errejón urge explicarle que España, con su población actual, necesitaría 600.000 viviendas nuevas cada año. Si bien el sector de la construcción apenas resulta capaz hoy de iniciar 100.000 por ejercicio. Y eso no lo arreglaremos con huelgas. Pero es que España está recibiendo, y con el aplauso de Errejón, a más 500.000 inmigrantes también por año. Y esa gente tendrá que vivir en algún sitio. Así, España acoge ahora mismo a mucho más del doble de inmigrantes legales que Francia o que Italia (ambos andan por los 200.000 anuales), contando con una economía y una población bastante inferior a la de nuestros dos vecinos del norte. Sí, Íñigo, sí, es la inmigración.