Impidió que le abuchearan, pero no pudo evitar que le cantaran las cuarenta. Puso una mordaza a la sevillana Plaza de España y, ensoberbecido, no se percató de que hay personas valientes que no se acoquinan y con respeto, dicen lo que creen justo. Así que, de sopetón, un joven policía nacional le espetó: "¿Por qué no quieren acabar con el mal y sí destrozar al bien?", y el ministro Marlaska, sentado en la primera fila del auditorio FIBES de la capital hispalense —se entregaban los premios de la Fundación Policía Española—, tuvo que tragar esa saliva que tiene regusto a bilis.
Iván Fuentes leía su breve discurso de agradecimiento. Había sido distinguido en la categoría de Valores Humanos. Junto a su compañero Samuel del Arco —destinados en la Jefatura Superior de Policía de Aragón— evitaron el ahogamiento de una mujer en el rio Ebro a su paso por Zaragoza. El suceso se produjo a primera hora de la tarde del 10 de junio.
En el auditorio, el ministro y la cúpula de Interior dormitaban con los ojos abiertos hasta que Fuentes les resumió la desprotección de aquellos que deben velar por nuestra seguridad: "Cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de seis guardias civiles, cuando los narcos embisten sin miramientos el zeta de otros compañeros que les impiden la huida. Cuando un hombre o mujer intenta abrir la cabeza con un hacha a un policía… y no pasa nada, nada cambia. Más bien se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal ¿Pero por qué?... Luchemos por una ley fuerte que proteja al bien y estruje del cuello al mal y no al revés".
Sucedió el pasado 2 de octubre, festividad de los Ángeles Custodios y como el destino suele ser muy revirado y los videntes de la Moncloa se afanan en diseñar el futuro, aburridos de las cosas mundanas, no alertaron de lo inconveniente que resultaba que ese mismo día el Gobierno firmaracon Bildu el acuerdo que modificaba la Ley de protección de la seguridad ciudadana aprobada por el PP en marzo de 2015. Comunistas y filoetarras la llaman "ley mordaza". Gracias a la debilidad de Pedro Sánchez, y al segundo intento, han conseguido quitar la mordaza al delincuente, al violento y ponérsela a guardias civiles y policías. Un paso más en la convivencia.
Merche Aizpurua, la portavoz de Bildu cuyo "historial democrático" recordaba Javier Somalo en estas páginas (Una ley y dos disparos), compareció al día siguiente en el Congreso de los Diputados: "Se acaba con la discrecionalidad por la falta de respeto a la autoridad… Ahora deberán de ser justificadas, protegiendo el derecho a la libre expresión. Además, se cancelarán si la persona se retracta". Hay que reconocer que eso de retractarse va en la buena dirección "Perdone agente, ha sido un calentón". Lástima que sus paisanos no pudieran también rectificar cuando le habían pegado un tiro en la nuca a los objetivos que se señalaban en la sección de Anuncios de Egin, el periódico que dirigía Aizpurua.
El Acuerdo firmado por socialistas y filoetarras y hecho público por estos —el Gobierno de la transparencia calla— se compromete a desarrollar "protocolos específicos, de acuerdo con estándares internacionales, sobre la gestión policial de manifestaciones y reuniones". Se trata de impedir el uso de pelotas de goma. Como con esta gente uno se tiene que poner en lo peor… ¿y si los estándares que quieren aplican son los que vemos en Caracas, Moscú o Teherán? Esos también son internacionales y los proyectiles no son de goma.
A esa semana de la infamia todavía le quedaba una muesca más. El jueves día 3 se conoció la noticia de que María Jesús San José, consejera de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco y dirigente del Partido Socialista de Euskadi, había aprobado la concesión del tercer grado para el etarra Luis Mariñelarena, uno de los asesinos de Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez. A diferencia de lo sucedido con Asier Carrera, el otro miembro del comando, al que la Audiencia Nacional revocó su tercer grado en febrero de 2023, en esta ocasión no se recurrirá la decisión. Desde que los socialistas están al frente de las cárceles vascas, la Fiscalía de la Audiencia se niega a recurrir los terceros grados a presos de ETA que no se atienen a la Ley. Lo acaba de denunciar el Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco.
"En un Estado de derecho no se puede dar la impunidad". El 21 de febrero de 2014, Marlaska ya era miembro del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PP; acababa de dejar la presidencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional e intervenía en un acto organizado por la Fundación Fernando Buesa. El juez recordó que la Constitución española y las leyes que de ella se derivan contemplan el principio de "resocialización" de los reclusos. "Pero la ley es exigente con ellos. Nadie se cae del caballo de un día para otro. Se exige un compromiso activo por parte de los presos que se quieran acoger a vías de reinserción. Para lograr un permiso, ese preso ha tenido que desmarcarse de la violencia y reconocer el daño causado mucho antes".
Cuatro años después el juez mudó en político socialista. Hoy asemeja una carcasa macilenta con la mirada perdida.
Postdata: Itziar Reyero acaba de publicar en El Confidencial una elaborada información según la cual el Gobierno habría "colado" en la tramitación parlamentaria una modificación de la ley orgánica 7/1024 "que conlleva de golpe la rebaja de penas de cárcel para una cuarentena de presos de ETA". La periodista, citando datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, afirma que "se perdonaran 400 años de cárcel a 41 terroristas".