Al que fuera mano derecha del viejo profesor le han empapelado por facturar por medio de sociedades instrumentales servicios que eran en realidad personales. Igualico igualico que cientos de españoles que, con la tolerancia de la Agencia Tributaria, constituyeron sociedades para cobrar a través de ellas prestaciones propias que debieran haber facturado con su nombre y apellidos y tributar por el IRPF en vez de por el más benévolo impuesto de sociedades. Es poco más o menos lo que les ocurrió a Imanol Arias y a Ana Duato y a un montón de gente más. Todo tuvo su origen en un cambio de interpretación del indecente Cristóbal Montoro, a quien Dios confunda, que cambió el criterio con el que venía entendiendo sus propias normas la Agencia Tributaria, sin introducir modificación legal alguna para poder aplicarla con carácter retroactivo. Con esta artimaña, el Fisco se sacó unos cuantos millones de euros de los primos que creyeron que el Estado español, en su seriedad, no se desdeciría de lo que hasta ese momento venía entendiendo.
Sin embargo, con Morodo, hay una peculiaridad que lo distingue del resto de casos. Los ingresos de centenares de españoles que se vieron prisioneros de ese nuevo modo de leer la misma ley lo fueron por trabajos efectivamente realizados. En cambio, los de quien fuera embajador en Venezuela han sido reconocidos como pagos por servicios ficticios.
Y, a la vista de esto, ¿qué hace la Justicia española? Pues despreocuparse de cuáles fueron esos vergonzosos servicios que no se puede reconocer que se prestaron y fijarse tan sólo en que no se liquidaron adecuadamente. Es como si pillan a un narcotraficante y resulta condenado, no por los delitos cometidos contra la salud pública, sino por no haber declarado correctamente a Hacienda el producto de su ilegal comercio. A España no le interesan los negocios secretos que un embajador suyo tenga con un Gobierno extranjero y por el que recibe pagos injustificados, siempre que los declare debidamente a la Agencia Tributaria e ingrese lo que al Fisco le debe. Lo que haya hecho para ganárselos es asunto suyo.
Es palmario, obvio y manifiesto que los pagos que PDVSA hizo a los Morodo son fruto de alguna clase de corrupción en la que muy probablemente resultó gravemente perjudicado el Reino de España en sus intereses nacionales. Y ese mismo reino renuncia a investigarlo con tal de que los malandrines ingresen lo debido con sus multas y sanciones. Apesta a que se trata de proteger a otras personas más importantes que los Morodo, que también cobraron por esas operaciones. Los principales sospechosos son José Luis Rodríguez Zapatero y José Bono. Quizá la diferencia es que ellos sí pagaron a Hacienda su cuota por la corrupción o tal vez es que son intocables por alguna razón no tan difícil de imaginar, si se considera la relación de nuestro actual Gobierno con el de Venezuela.
El caso es que este es el lema que rige hoy en España: roba, cobra las comisiones que quieras que, por mucho daño que hagas, con tal de que pagues a Hacienda la mordida que le toca, nada te pasará. Como en el Chicago de la ley seca, cuando a Al Capone le condenaron sólo por evadir impuestos. Mejor estaban en Chicago.
