Decenas de miles de personas abarrotaron ayer el centro de Madrid para secundar la convocatoria realizada por la "Plataforma por la España Constitucional", integrada por más de un centenar de asociaciones civiles, para reclamar nuevas elecciones generales. La traición del Gobierno social-comunista en sus pactos con el separatismo y, sobre todo, los numerosos casos de corrupción que ahogan al Ejecutivo, justifican sobradamente la exigencia de un adelanto electoral, tal y como hicieron este pasado domingo los asistentes a la concentración ciudadana celebrada en la Plaza de Castilla de Madrid.
Los convocantes denunciaron "el gravísimo deterioro de la democracia que vive España y la obscena compra de apoyos parlamentarios con medidas que socavan la igualdad, la solidaridad interterritorial y el imperio de la Ley". Así mismo, aclararon que el acto de ayer no era "de izquierdas, derechas o centro, sino de demócratas dispuestos a hacer frente a un proceso que conlleva un carrusel de cesiones ilimitadas y decisiones que trituran el interés común, pervierten la Constitución y la ley y ponen las bases para una irreversible decadencia".
La plataforma convocante recordó que "Pedro Sánchez no ganó las últimas elecciones generales, pero resultó elegido presidente, concertándose con un conglomerado de partidos cuyo elemento común es la aversión y hostilidad a la democracia española y a la Nación liberal que la sustenta: golpistas condenados, herederos de terroristas, derecha secesionista y comunistas o socialistas del siglo XXI".
En cuanto a las cesiones de Sánchez a sus socios parlamentarios, las organizaciones firmantes denunciaron "la concesión a los nacionalistas del cupo catalán, con irreparable perjuicio para el resto de las autonomías, o la cesión de la gestión de la Seguridad Social al País Vasco, en la que el Gobierno Vasco tomará las decisiones, pero el resto de los españoles pagarán su déficit".
Los principales intervinientes en el acto detallaron también el largo historial de bulos y de casos de corrupción que acorralan al Gobierno sanchista y, muy especialmente, al presidente del Ejecutivo y su círculo más cercano, con la imputación de su esposa, su hermano, su número dos en el PSOE y el Fiscal General del Estado, convertido por Sánchez en abogado particular de Begoña Gómez, sobre la que pesan tres serias acusaciones de corrupción.
Sobran los motivos para exigir elecciones anticipadas que pongan fin al deterioro irreversible que el sanchismo está provocando en la democracia española. La debilidad política del Gobierno, que lo lleva a permanecer postrado ante los peores enemigos de la Nación, y la corrupción galopante que se ha enseñoreado de la cúpula del sanchismo, no pueden resolverse de otra forma que con una cita electoral que dé lugar a un Gobierno limpio y renovado.
Acertaron plenamente los asistentes a la concentración ciudadana celebrada ayer en Madrid al señalar que la permanencia de Sánchez en el poder no es un riesgo para la ultraderecha, como dicen los izquierdistas beneficiados por las traiciones de Sánchez, sino la garantía de la voladura a medio plazo de nuestro régimen constitucional.