El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, vive en un estado de pánico. El mismo García Ortiz que aseguró en TVE el día en el que el Tribunal Supremo le imputó por revelación de secretos tener "material muy sensible" y que "si quisiera hacer daño a un determinado espectro político, tengo información de sobra" es el que ahora pide que se anule la entrada y registro en su despacho porque la Guardia Civil se habría incautado de información que puede comprometer la seguridad del Estado. La posición del fiscal general de Sánchez era insostenible antes y es imposible ahora. Está completamente hundido. Es un cargo destruido. En su degradación ha llegado al punto de que para Sánchez es peor sostenerlo que soltar lastre.
La carrera fiscal está tan abochornada que se suceden las iniciativas para apartar del cargo a García Ortiz, apodado Alvarone. La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales ha pedido al Tribunal Supremo que cite como testigo a un fiscal, Salvador Viada, que afirma haber visto al jefe de los fiscales "revisando" un móvil con su número dos durante el registro que la Guardia Civil realizó en su despacho el pasado 30 de octubre. La estampa es elocuente. El fiscal general manipulando o destruyendo pruebas, borrando el rastro del delito de revelación de secretos que le imputa el Tribunal Supremo en el caso del presunto fraude fiscal de Alberto González Amador mientras los investigadores se incautan por orden judicial de sus dispositivos digitales.
García Ortiz es un cadáver jurídico, otro peón sacrificado por Sánchez en su asalto al Estado. La obediencia ciega ante aquella exhibición chulesca del presidente del Gobierno sobre el control de la fiscalía ha sentenciado al sucesor de Dolores Delgado, otro caso que ilustra a la perfección el sentido sanchista de la justicia y la separación de poderes. Dice la abogacía del Estado que la incautación del material del fiscal es un daño irreparable, el mayor que habría sufrido jamás la Fiscalía. Pero eso es quitarle méritos a Alvarone, el fiscal que presumía de "material sensible" en TVE el 17 de octubre, trece días antes de la entrada y registro.
Este fiscal general será recordado durante mucho tiempo por su sumisión a Sánchez. Las amenazas mafiosas vertidas nada más conocer que iba a ser investigado por el Tribunal Supremo expresan hasta qué punto se está dispuesto a utilizar los resortes del Estado en contra del adversario político. La petición para que se anule la entrada y registro equivale a una confesión. La información que puede comprometer la seguridad del Estado según su defensa y cualquier otra información está mejor en manos del Tribunal Supremo que en las de García Ortiz y su número dos.
El tipo de información y el hecho de que estuviera en poder del fiscal general sugiere situaciones dramáticas para el sistema y para el presidente del Gobierno. La intervención judicial de ese material no es de carácter ilimitado, sino que se ciñe al delito de revelación de secretos por el que se investiga a García Ortiz y entre los días 8 y 14 de marzo. Son garantías más que suficientes. La fiscalía de Sánchez no ofrece ninguna a sus víctimas. La reacción del fiscal general apesta. Y que un fiscal afirme haberlo visto manipulando un móvil en una estancia de la Fiscalía mientras se registraba su despacho es prácticamente definitivo.