Lo primero que debería hacer el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de plantear cualquier cambio en la Constitución es cumplirla. Que el líder socialista hable de "blindar derechos" cuando su mandato consiste en vulnerar principios como la igualdad entre españoles resultaría paradójico si no fuera porque preside un Gobierno diseñado precisamente para destruir las más elementales nociones constitucionales.
El apoyo de los partidos golpistas catalanes, de los herederos de la banda terrorista ETA y de la plataforma Sumar al Ejecutivo de Pedro Sánchez es incompatible de raíz con el constitucionalismo. Operaciones como los indultos, las acomodación del Código Penal a los deseos separatistas para repetir la asonada o la propia amnistía a los golpistas no cuadran con la invocación sanchista a una Constitución cuyas líneas rojas está dispuesto a traspasar para seguir en el Gobierno.
Ni la separación de poderes ni la misma Carta Magna parecen obstáculos para un presidente abocado a una deriva autoritaria como línea de defensa frente a las graves acusaciones y sólidas pruebas que se ciernen contra su esposa y su hermano y contra sus principales colaboradores tanto en el partido como en el Gobierno. La apropiación y utilización de instrumentos y recursos como la Fiscalía y la Abogacía del Estado para enfrentarse a los jueces muestra hasta qué punto desprecia los límites constitucionales un político que pretende erigirse además en Jefe del Estado de facto.
El comportamiento personal y político de Pedro Sánchez es inconstitucional de cabo a rabo, una afrenta contra los principios insertos en una Carta Magna, que en sus manos deviene papel mojado. Las cesiones y concesiones a los independentistas en materia de financiación, la intención de romper la caja común para satisfacer a sus socios y entregarles competencias clave como la relativas a la inmigración delatan la falsedad del discurso "constitucionalista" del presidente del Gobierno.
Nunca como ahora habían estado tan amenazados las libertades públicas que consagra el texto aprobado hace 46 años y que consolidó un régimen democrático cuyas costuras pretende reventar Sánchez con el demagógico argumento de "blindar derechos" que sólo él pone en riesgo aduciendo un supuesto "avance reaccionario". Sostiene además que la mejor manera de defender la Constitución es reformarla, como si abalanzarse contra el texto fuera a tener efectos mágicos sobre la incompetencia política en asuntos como la vivienda.
Cualquier cambio constitucional promovido por Sánchez sólo serviría para facilitar munición a las fuerzas separatistas, contrarias por su propia naturaleza al cumplimiento de la Constitución. Y que diga Sánchez que bajo su mandato se cumple con la Carta Magna en todos los territorios de España es una de esas mentiras sanchistas que operan a modo de cortina de humo frente a la vulneración de los derechos lingüísticos de millones de ciudadanos, por citar sólo uno de los incumplimientos cotidianos de la Constitución.
La alusión de Sánchez a los "gobiernos negacionistas" en relación a las causas y consecuencias de la gota fría que destrozó Valencia es otra muestra palmaria de la grave incomprensión por su parte de la naturaleza constitucional de la estructura del poder en España. Su falta de sensibilidad y empatía, el bloqueo de los medios del Estado para hacer frente a la tragedia y la excusa sobre la consistencia federal de la organización territorial evidencian que Sánchez es cualquier cosa menos un dirigente concernido con la Constitución española.
Cualquier cambio de calado en el texto constitucional no tendría nada que ver con el blindaje de los derechos cuya consecución se atribuye Sánchez sin el más mínimo sonrojo sino que serviría para colocar la dinamita en los cimientos del sistema que facilitara la disgregación nacional, la desigualdad entre los españoles y la limitación o directamente la eliminación de sus derechos tanto colectivos como individuales.
La Constitución que sirvió para atajar el golpe de Estado independentista es también un baluarte contra las pretensiones de un gobernante que ignora los principios de un texto que conculca día sí y día también. De ahí que frente a cualquier intento por parte de Sánchez y sus aliados de modificación se debe oponer una oposición sólida y consistente, fiel a la Constitución.