El auge de la Inteligencia Artificial es también el de la Estupidez Natural. Por la pantalla de cualquier móvil cruzan todos los días vídeos generados con IA simplemente para cosechar engagement y visualizaciones en los que se muestran animales imposibles o proezas inimaginables. A veces están tan bien hechos que se puede llegar a entender por qué alguien adulto se llegaría a creer, por ejemplo, que los dragones existen, pero la mayoría de las veces la falsedad es tan dolorosamente obvia que se siente uno tentado a dejar de creer en el ser humano como especie inteligente.
Con la política pasa lo mismo. Es fácil entender por qué nos creemos las mentiras de nuestros políticos favoritos, pero a veces los embustes son tan enloquecidos que es difícil no recurrir a las deficiencias mentales cuando se trata de explicar su éxito. Desde que la corrupción en el entorno familiar y político del presidente del Gobierno ha empezado a rebosar de mierda como una alcantarilla en plena tormenta, una conspiranoia ha dominado sistemáticamente el relato en los medios de izquierda: Pedro Sánchez es víctima de una confabulación de jueces corruptos con medios de ultraderecha esparcidores de bulos. Es una explicación tan lisérgica y tan estúpida, que nos reiríamos condescendientemente de quien se tragara algo así dicho por el presidente de cualquier otro país. Pero no es el presidente de Paraguay o el primer ministro de Angola el que afirma públicamente que los casos de presunta corrupción de su familia son producto de que los jueces le tienen manía y su perro se comió sus deberes, sino el de España.
El argumentario socialista es tan delirante que está al nivel de los balbuceos ridículos de bebelejías y terraplanistas. No merece la pena ir punto por punto desmontándolo porque es igual de absurdo que intentar explicarle a alguien que la Luna no está hecha de queso: no hay mayor pérdida de tiempo que intentar convencer a alguien de su irracionalidad usando argumentos racionales. Pero hay un par de argumentos que se repiten más que el resto porque apelan al núcleo más fanatizado del socialismo.
Afirman los palmeros norcoreanos del presidente que las imputaciones de su mujer, su hermano, su fiscal general del Estado y su número 2 se deben a denuncias de la extrema derecha, y por tanto carecen de legitimidad. Es exactamente lo mismo que dijeron en su día cuando el Tribunal Supremo echó a patadas de la carrera judicial a Baltasar Garzón por prevaricar, aunque ningún ultraderechista tuvo nada que ver con eso. En esa misma época la infanta Cristina fue imputada y juzgada por una denuncia de Manos Limpias, organización a la que la prensa de izquierdas se refiere invariablemente como "sindicato ultraderechista". Ocho años de cárcel para la hermana del Rey pidieron los fachas, y no hubo ni un solo opinador progresista que les llamara ultras por ello. Es más, lo que les molestó fue que la infanta saliera absuelta; de aquella historia la izquierda únicamente recuerda las cuatrocientas veces que Cristina de Borbón respondió "no lo sé" a preguntas del juez Castro. Nadie presupuso mala fe en el juez ni en la acusación popular, pese a que se supo después que Manos Limpias negoció con la defensa de la infanta retirar la denuncia a cambio de dinero. Todos sabemos por qué.
El otro argumento que los opinólogos gubernamentales repiten como el mantra de los Hare Krishna es el concepto de lawfare, referido al uso torticero de las instituciones judiciales para perjudicar a los adversarios. El lawfare tiene sentido si el que lo sufre no tiene medios para defenderse; el ejemplo más clásico es una gran empresa denunciando a un pequeño periódico por publicar informaciones contrarias a sus intereses, o una ministra de igualdad y su marido empapelando a la revista de tercera categoría de una asociación por un poema satírico. Pero si algo no le faltan al entorno de Sánchez son medios para defenderse, teniendo en cuenta que ha puesto a todas las instituciones del estado a su servicio para que su familia salga de rositas de los albañales en los que están sumergidos. El PSOE denunció diez veces a Francisco Camps, y las diez denuncias, todas y cada una de ellas, han acabado con el ex presidente valenciano absuelto. El proceso ha durado tanto que el PSOE ha tenido tiempo de llegar al gobierno de Valencia, estar dos legislaturas y perder el poder. Pero en esta historia, para la izquierda, el únjco lawfare que existió fue la imputación de la entonces vicepresidenta valenciana por, presuntamente, encubrir a su marido (y empleado directo bajo su mando), que resultó ser un abusador de menores.
Llega un punto en el que uno no pide que la izquierda no mienta: yo me conformo con que no me traten como si fuera subnormal. Cuando Irene Montero y el resto del gobierno de coalición hicieron un ridículo espantoso con la aprobación de la Ley del sí es sí, la reacción de la ministra no fue dimitir y esconderse durante treinta años huyendo de la vergüenza, sino acusar públicamente de guerra sucia judicial a los señoros que incumplen las órdenes del poder legislativo. No es una parodia, es una cita textual.
Pero la conspiranoia lunática acerca de jueces malvados y periodistas nazis que importunan a nuestro Amado Líder es sólo la consecuencia lógica e inevitable de la mucho más amplia guerra contra la justicia, que lleva años en marcha. Se trata, simplemente, de colonizar la última de las instituciones independientes que no es de estricta obediencia sanchista. En este momento es imposible que nadie en TVE, el CIS, el INE, la fiscalía general del estado, el Banco de España o el Tribunal Constitucional, entre otros muchos organismos, hagan o digan algo que contradiga mínimamente el discurso gubernamental y la voluntad del presidente. Pero los jueces van a su bola, hacen su trabajo basándose en su conocimiento de las leyes y no en lo que al presidente le excreta el aparato testicular. Y eso la izquierda no lo tolera; quieren un país donde sólo ellos y quienes les apoyan estén a gusto, donde sólo quepan sus ideas, un país de broncanos, garciaortizes, intxaurrondos y tezanos donde sólo los más obedientes de entre los obedientes reciban su premio: un carguito bien remunerado.
