El auto del Supremo sobre el caso de García Ortiz, donde imputa también a su segundo y a la fiscal jefe de Madrid por la filtración de información confidencial sobre la pareja de Ayuso, deja al presidente del Gobierno en uno de dos papeles: o ignorante supino o trolero de cuidado. Porque el auto se basa en los informes de la UCO y esos informes son los mismos que Sánchez aseguró que exoneraban por completo al imputado Fiscal. ¡Quién le mandaba exonerar antes de tiempo! Quién le mandaba sostener algo tan insostenible como que la prueba de que estaba exonerado era la falta de mensajes en su móvil. Que faltaran de su móvil no probaba su inexistencia. Probaba que se habían hecho desaparecer. Algunos de esos mensajes se conocían. Estaban en los dispositivos de sus interlocutores. Aún así, siempre queda la duda, por aquello de no achacar a la maldad si se puede achacar a la estupidez.
La exoneración que hizo Sánchez pudo rayar en lo cómico por inverosímil, pero desembocó en un desafío y en un ataque. Preguntó quién iba a pedirle perdón al Fiscal General por acusarlo sin pruebas y metió a los acusadores en el círculo infernal de la infamia, el bulo y la cortina de humo. La técnica de la imagen especular. Pero junto a esta práctica habitual de acusar a otros de lo que él mismo hace, traslucía el propósito más audaz de proteger a García Ortiz haciendo de él una víctima: alguien a quien se ha acusado injustamente, a quien hay que pedirle perdón y a quien no se le pedirá. La demagogia victimista, que ha usado Sánchez para argucias defensivas propias, la proyectaba sobre un Fiscal que incurre en la inédita condición de imputado por dirigir o sumarse a una maniobra política hecha, como indica el auto, con prisas, urgencia y gran tensión. Deprisa, deprisa, que "nos van a ganar el relato".
La victimización del Fiscal General comienza prácticamente en el instante en que hay denuncia y caso. En mayo del año pasado fue García Ortiz el que se autoproclamó "perseguidor perseguido", trabalenguas que ha ido apareciendo una y otra vez en boca de sus defensores, sean miembros del Gobierno, del PSOE o de la Unión Progresista de Fiscales, a la que pertenece. La UPF, en aquellas fechas, incluso apuntaba a un caso de lawfare. Así de loco está el patio corporativista. En la historia del perseguidor perseguido, un fiscal bueno que va detrás de un "delincuente confeso" no puede soportar que se publique una mentira, hace lo necesario para que se sepa la verdad, pero en lugar de darle las gracias, van y lo imputan por revelar secretos. El cuento, como todos estos cuentos, pide la participación del espectador. Lo interpela: ¿Y tú con quién estás, eh? ¿Con el bueno que persigue al delincuente o con los que persiguen al bueno?
Lo de cumplir la ley y no revelar lo que no se puede revelar —el fin no justifica los medios— debe quedar barrido por el escobazo sentimental y lacrimógeno del cuento. Pero fuera del mundo del cuento infantil, la gran cuestión sigue ahí, apuntalada ahora por un auto que ubica como punto de destino del correo la Presidencia del Gobierno. Porque se manda a quien pide. Origen y destino. Los mensajes que faltan.
