Sánchez también quiere el IBEX 35

El socialista Felipe González abrió el camino para la privatización de Telefónica, el principal emporio tecnológico español entonces en manos del Estado, cuya introducción en el mercado culminó José María Aznar convirtiéndolo en uno de los mayores gigantes a escala mundial. Un cuarto de siglo después, otro presidente socialista decidió iniciar el camino inverso, volviendo al accionariado de la empresa aludiendo razones de interés estratégico nacional.

Los motivos aducidos por el sanchismo eran un burdo pretexto puesto que la legislación de la UE, mucho más exigente e intervencionista que en otras regiones del globo, ya garantiza sobradamente la protección de esos intereses a escala europea, lo que no impidió que el Gobierno social-comunista se hiciera con el 10% de la compañía para utilizar esa influencia cuando lo creyera necesario.

Pues bien, el momento de ejercer esa tutela llegó el viernes pasado, cuando Sánchez obligó al presidente de la compañía a dimitir para poner en su lugar a un peón a su servicio, por más señas militante del PSC, para que no queden dudas de cuál es el sesgo político que el Gobierno quiere imprimir a la multinacional a partir este momento.

La intervención del sanchismo en la principal operadora tecnológica debe preocupar a todos los actores económicos, puesto que no se trata únicamente de secuestrar la voluntad de los accionistas para que la compañía atienda en primer lugar los intereses del Gobierno, algo que ya debería haber provocado la indignación de los inversores y una seria llamada de atención de los organismos reguladores. Es que, además, estamos ante el intento de control de uno de los mayores anunciantes de España, lo que tiene directísimas y muy peligrosas implicaciones en el libre ejercicio de la libertad de expresión de los medios independientes, que Sánchez pretende aplastar por cualquier medio a su alcance.

Con el relevo en la presidencia de Telefónica por un peón del Gobierno, Sánchez consolida el control de las empresas cotizadas a través de la participación directa del Estado, lo que tiene serias implicaciones en las relaciones de esas compañías con los medios de comunicación, especialmente los más críticos con los desmanes del sanchismo.

El silencio de la oposición a este respecto es otro síntoma alarmante de la situación que atraviesa la prensa crítica con el poder sanchista, que ya no disimula su deseo de acabar con todo el que se atreva a señalar la corrupción económica, el sectarismo ideológico y la indecencia política de un político que va con todo para mantenerse como sea en el poder.