
Buena parte del futuro penal de Álvaro García Ortiz, el fiscal general de Pedro Sánchez, está en manos de Google y WhatsApp. A simple vista no parece que el presidente tenga mano para quitar y poner ejecutivos en las mencionadas compañías, aunque las puede crujir a impuestos o, llegado el caso, prohibirlas en España. Una de las últimas disposiciones de Biden fue cancelar la red social de origen chino TikTok, orden que levantó Trump horas antes de asumir la presidencia de los Estados Unidos.
La cuestión es que el magistrado del Tribunal Supremo Ángel Hurtado (que investiga a Álvaro García Ortiz por un delito de revelación de secretos en la operación gubernamental contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso) ha dado luz verde a la Guardia Civil para pedir a Google y WhatsApp los mensajes que emitió y recibió el fiscal general cuando se produjo la filtración de los datos de la pareja de Díaz Ayuso.
Que a Álvaro García Ortiz no se le impute un nuevo delito, el de destrucción de pruebas, depende de que Google y WhatsApp faciliten el material que el fiscal general habría ordenado borrar. En teoría, las citadas empresas están obligadas a colaborar con la Justicia porque lo que pasa en la nube y en la red no se queda en Las Vegas sino que está al alcance de los guardianes de nuestras comunicaciones, sean profesionales, domésticas, privadas, personales e íntimas.
Aún rige la máxima "verba volant, scripta manent", acuñada por Cayo Tito en el Senado de Roma. Y aunque parezca que escribir en la pantalla de un teléfono móvil sea como hacerlo sobre el agua, lo cierto es que todo queda registrado y archivado. Pero eso no significa que el fiscal general está atrapado. Puede que sus mensajes nunca aparezcan. El Gobierno siempre encuentra la manera de salvar las bolas de set y las de partido y sus tentáculos son muy poderosos. La toma de Telefónica es el ejemplo más reciente.
Lo único claro es que García Ortiz no piensa seguir la senda de Íñigo Errejón, que declaró ante el juez que su dimisión como portavoz de Sumar fue porque no podía seguir en "un espacio que dice que cualquier testimonio de una mujer es inmediata y completamente válido". El juez no salía de su asombro. He ahí a un tipo que defendía el "hermana yo sí te creo" hasta que una "hermana" le acusa a él de violencia sexual. "¿Y por qué lo decía entonces?", cuando mandaba en Sumar, le preguntó el magistrado. "Era coherente con el espacio en el que estaba", respondió Errejón.
La coherencia y el espacio de Errejón son como la coherencia y el espacio de García Ortiz, que defiende su inocencia porque había que contrarrestar un supuesto bulo del espacio de Díaz Ayuso aunque para eso hubiera que incurrir en un presunto delito. La coherencia del fiscal. Y ahí radica todo. Ese es el modus operandi de la izquierda. Sólo les falta enseñar la minga, si es que no lo han hecho ya.