El momento de acabar con la lacra de la okupación

La enésima derrota parlamentaria del sanchismo, ocurrida esta pasada semana, se ha llevado felizmente por delante normas tan dañinas como el decreto antidesahucios, uno de los ítems destacados de la agenda radical que el Gobierno viene siguiendo al pie de la letra desde que arrancó la legislatura.

El rechazo parlamentario a la moratoria de la inkiokupación ha sido celebrado por las asociaciones de víctimas de esta lacra, que solo existe en aquellos países gobernados por la ultraizquierda como es, tristemente, el caso de España. Pero la derrota del Gobierno en este asunto concreto, aunque importante, no es ni mucho menos la garantía definitiva de que los delincuentes que violentan las viviendas ajenas vayan a dejar de actuar bajo el amparo legal. Como han señalado los expertos, incluidos los vinculados expresamente a este tipo de asuntos por su desempeño en la alta judicatura, es preciso acabar con la impunidad de la que se benefician estas mafias introduciendo cambios legales eficaces en nuestra legislación penal.

Se trata, como ha señalado el magistrado del Tribunal Supremo, Vicente Magro, de permitir a los jueces la imposición de medidas cautelares que restituyan la propiedad de las viviendas asaltadas a sus dueños legítimos, un procedimiento que debe ejecutarse en el plazo de 48 horas como ocurre en la mayoría de países de nuestro entorno. Como explica el experto consultado por Libertad Digital, "la solución más factible no es agilizar el juicio ni subir las penas a estos delitos; es devolver la posesión inmediatamente al propietario y ya veremos luego la pena que se pone al autor del delito, porque al propietario no le importa eso, lo que le importa es recuperar su vivienda de forma inmediata".

El elemento central para acabar con la lacra de la okupación es, por tanto, dar instrumentos jurídicos a los jueces y la policía para expulsar urgentemente a toda persona que entre en una vivienda que no es la suya, algo en lo que coinciden los expertos y, sobre todo, las víctimas de esta delincuencia especializada. Por eso resulta profundamente decepcionante la propuesta más reciente de Núñez Feijóo de crear un seguro de impagos a cargo del Estado para cubrir las pérdidas de los propietarios cuando los inquilinos morosos se niegan a marcharse.

Lo que pretende el PP no es solucionar el problema, sino paliar sus consecuencias con cargo al presupuesto público, una solución de tintes intervencionistas más propia de la izquierda que de un partido liberal respetuoso con la propiedad privada. Porque el sistema que propone Feijóo no va a desincentivar a los okupas de la comisión de nuevos delitos sino a socializar los perjuicios entre todos los contribuyentes, una medida injusta además de completamente ineficaz.

La derrota del decreto Ómnibus sufrida por Sánchez esta semana debe servir de punto de inflexión para cambiar la actual legislación ultraizquierdista, que beneficia al delincuente en detrimento de los derechos legítimos de los ciudadanos. Cualquier otra respuesta, como la que Núñez Feijóo se ha sacado de la manga, es una rendición vergonzosa a la extrema izquierda y un balón de oxígeno al sanchismo, precisamente ahora que comienza a dar sus últimas boqueadas.