Es pública y notoria la campaña de criminalización de la izquierda política y mediática contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, a quien poco menos que se le ha acusado de haber matado a los ancianos que murieron en las residencias por el Covid.
Pues bien. Este martes se ha sabido que la Justicia ha vuelto a dar la razón al Gobierno de la Comunidad de Madrid sobre la gestión de las residencias de ancianos durante la pandemia, que se une a las a las más de 60 causas archivadas por este asunto en procedimientos judiciales por el covid. Así, y según el auto del Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid que ha sobreseído la denuncia presentada por Marea de Residencias por homicidio de seis residentes en la Residencia de Mayores Adolfo Suárez, "el médico forense concluye que, en relación a los fallecimientos investigados, no se incurrió en ningún tipo de negligencia". "Se atendió —prosigue el auto— a los residentes de la mejor manera que se pudo, teniendo en cuenta las excepcionales y desgarradoras circunstancias que todos sufrimos en esos momentos y que no deben olvidarse". Y es que, tal y como recuerda el auto, "los hospitales estaban saturados, desbordados más bien, no se sabía cómo curar la enfermedad, no se disponían de medios".
Ciertamente, frente a una izquierda que no ha tenido pudor en denigrar como "protocolos de la vergüenza" los que, por ineludible insuficiencia de recursos médicos, aconsejaban no ingresar a personas afectadas con el Covid y con patologías complejas y edad avanzada en los hospitales, pues dichos hospitales estaban saturados y la atención en los mismos era deficiente, lo cierto es que la atención medica —siempre, no únicamente durante una pandemia— ha de establecer criterios de prioridad cuando la demanda de atención desborda a la oferta.
Además de que los injustamente criminalizados protocolos de actuación en modo alguno descartaban de manera absoluta el ingreso en los hospitales de los residentes, se da además la circunstancia añadida, tal y como también reconoce el auto, que, dadas las circunstancias, el tratamiento más eficaz en algunos casos podría ser el dado en la propia residencia, muchas de ellas con atención médica y asistencia, medicación y oxígeno, tal y como sucedió en las dos residencias investigadas.
Téngase en cuenta, por otra parte, que lo que se está dirimiendo, dada la criminalización que conlleva la denuncia contra el gobierno de Ayuso, son responsabilidades penales, por lo que "no se aprecia que existan indicios de la comisión de un ilícito penal, sin perjuicio de los desacuerdos que se pueda tener con ellos en cuanto a la concreta gestión de la estancia de los fallecidos en la residencia y de otros incidentes que detallan en la reclamación que han presentado como la falta de noticias".
Así las cosas, ya podrá la izquierda —con ese cómico sectario conocido como Gran Wyoming a la cabeza— seguir criminalizando a Ayuso tanto como haciendo la vista gorda ante la negligente gestión —esa, sí— de un gobierno como el de Pedro Sánchez. Pero lo único que debe causar vergüenza no son los protocolos sanitarios del gobierno de Ayuso durante la pandemia, sino la vergonzosa campaña de criminalización contra la presidenta madrileña que la Justicia, nuevamente, ha desacreditado.