El actual ministro de Transportes y Movilidad Sostenible de España, Óscar Puente, presumió nada más aterrizar en el ministerio de haber encargado una auditoría sobre la contratación de las señoritas de compañía de su antecesor, el ínclito José Luis Ábalos, que demostraba que los fichajes eran perfectamente legales y necesarios, que los currículos de las interesadas casaban perfectamente con los puestos a ocupar y que él, Puente, no tenía nada que decir sobre la vida privada del que fuera número dos del PSOE y hombre de confianza del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tanto en el partido como en el Ejecutivo.
La declaración en sede judicial de la que fuera acompañante de Ábalos, la señorita Jéssica Rodríguez, sobre su contratación en dos empresas públicas y sobre el apartamento de lujo del que disfrutó mientras mantenía una relación más comercial que sentimental con el exministro desmonta por completo la auditoría de Puente. Jéssica Rodríguez cobró de dos empresas públicas sin ir a trabajar y el único requisito que cumplimentó fue un curso de riesgos laborales. El ministro Puente debería dar explicaciones, así como los responsables directos de ambas empresas y el Gobierno en pleno. Es de suponer que serán llamados a declarar.
La amiga de Ábalos cobró dinero de los españoles mientras acompañaba al todavía diputado Ábalos en sus viajes oficiales. Su confesión en el Tribunal Supremo es demoledora. Los contribuyentes pagaban las fiestas de la mano derecha de Sánchez. El dinero público regaba las expansiones carnales del secretario de organización del PSOE y al tiempo ministro de Transportes. Los españoles cotizaban y abonaban impuestos para el solaz sentimental del hombre de confianza del presidente del Gobierno. Y era un secreto a voces en el seno de la organización socialista. Todos estaban al corriente de las irregularidades, de las ilegalidades, de los atropellos y atracos, del pago de sueldos, viajes, viviendas y caprichos de la querida que ahora llora como una desvalida.
El caso muestra a las claras y de manera meridiana el proceder socialista. Jéssica no sabía que las empresas que la contrataron eran públicas ni dónde estaban ubicadas. Igual que el hermano del presidente del Gobierno. Ella sólo tuvo que encarar una entrevista de trabajo, como el genio de la música de la familia Sánchez, y todo lo demás vino rodado, sueldo público, vivienda y viajes en calidad de asesora del ministro Ábalos, cuyo descaro es marca de la casa del pueblo socialista. Y su sucesor, Óscar Puente, encargó una auditoría en el ministerio para blanquear las contrataciones de Ábalos en empresas públicas.
El Gobierno debería dar explicaciones sobre cuántas queridas ministeriales han mantenido los españoles con el fruto de sus impuestos, cuántas amigas, hermanos y demás familia han cobrado y cobran sin ir a trabajar, cuántos apartamentos de lujo ha pagado y paga el pueblo llano, cuántos viajes y caprichos. Lo verdaderamente extraordinario es que Sánchez se mantenga en el cargo, que el fiscal general del Estado sea un especialista en la destrucción de pruebas, que Óscar Puente no haya dimitido y que España continúe en manos de un partido tan estrechamente vinculado con la prostitución y la delincuencia.