El comunicado del PSOE para anunciar el acuerdo con el partido de Puigdemont sobre fronteras e inmigración asegura que "el 18% de la población catalana tiene nacionalidad extranjera y un 24% han (sic) nacido fuera de Cataluña", datos sobre los que el partido de Sánchez sustenta la cesión, delegación, traspaso o más bien dación en pago de las competencias.
No queda claro si al 18% de extranjeros hay que sumar un 24% de españoles no nacidos en Cataluña o si en ese 24% están incluidas las personas de nacionalidad extranjera más los de nacionalidad española pero nacidos en Bilbao, Ceuta o Las Palmas de Gran Canaria.
En cualquier caso, se infiere que la dirección del PSOE considera que no haber nacido en Cataluña, aunque se sea español, es un detalle que justifica entregar a la Generalidad las competencias en inmigración. De modo que un inmigrante del área del Magreb o un expat del Reino Unido serían lo mismo que una familia de Cuenca instalada en Cataluña por razones laborales, familiares, formativas, sentimentales o de cualquier otro orden.
En el PSOE negarán que quisieran decir eso, pero está escrito y la continuación del texto del comunicado avala esa tesis entre xenófoba, racista y estúpida: "La situación en 'Catalunya' determina, de acuerdo con la voluntad de la sociedad catalana, la necesidad de asumir la gestión de dicho fenómeno por parte de la 'Generalitat de Catalunya' y las entidades locales que la integran, como administraciones más cercanas a la población. Para este supuesto se diseñó el art. 150.2 de la Constitución. Con esta ley 'Catalunya' podrá dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país -incluida la integración lingüística- basada en un marco de derechos y deberes y el respeto a los derechos fundamentales, que es condición para la cohesión social y el progreso".
Vaya, la "voluntad de la sociedad catalana". ¿Y en qué programa electoral del PSC, ganador de las últimas elecciones, ponía que se iban a pedir las competencias de inmigración? Y eso del artículo 150.2 de la Constitución, ¿están seguros de que se "diseñó" para tal fin? Veamos lo que dice: "El Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materia de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación".
¿Pero sin excepciones? Pues no, resulta que hay excepciones. Sin ir más lejos, el artículo 149 de la misma Constitución en su segundo punto indica que el Estado tiene competencia exclusiva sobre "nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo", precisamente las atribuciones que graciosamente Sánchez ha entregado a los nacionalistas tras llamar extranjeros a los ciudadanos españoles que viven en Cataluña pero no han nacido en Cataluña.
Esa consideración de extranjeros en su país, que es además el título de una extraordinaria obra premonitoria de Antonio Robles (uno de los fundadores de Ciudadanos y a quien pueden leer los viernes aquí, en Libertad Digital), parece facultar a la Generalidad para "dar respuesta con capacidades suficientes a la necesaria plena integración en el país, incluida la integración lingüística". Eso de la "integración lingüística" no es ni más ni menos que la erradicación del idioma español, considerado impropio frente a la lengua catalana, la propia. "Plena integración". Claro, porque quienes no hablan catalán son unos marginales, ¿verdad?
El asunto es extremadamente grave. El nacionalismo quiere camareros que hablen catalán. Y también médicos. Este mismo miércoles, horas después de que trascendiera el traspaso de competencias, el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, declaraba en el parlamento catalán que "hay 1,6 millones de personas que viven en Cataluña sin decir ni 'bon dia'".
Los nacionalistas sospechan que este millón y medio de irredentos lingüísticos que no saben o no quieren decir "bon dia", "bona nit" o "aneu-vos a prendre pel cul" serían los culpables de que el resto de la población de Cataluña (catalanes, no catalanes, extranjeros en general y extranjeros españoles en particular) no puedan ejercer sus derechos lingüísticos. En catalán y sólo en catalán, claro está. Porque los que hablan español no tienen ningún derecho y son unos "colonos" y unos "ñordos", categorías que los socialistas de Cataluña y los del resto de España acaban de ratificar con su acuerdo con los catalanistas de Junts.
Es lo que hay. Los que dieron el golpe de Estado en 2017 han ganado. Pasaron un rato en la cárcel algunos. Unas cárceles que eran las suyas. El Gran Hotel Lledoners le llamaban al centro penitenciario donde estaban Junqueras, Rull, Turull y Tururull. Otros, ni eso. Puigdemont se ríe en su mansión de Waterloo mientras prepara los papeles para expulsar de Cataluña a quien le rote. Y Junqueras impone una Agencia Tributaria catalana para cobrar todos los impuestos. El 3% fue una broma en comparación. Sánchez, mientras tanto, acepta, traga y traiciona a los españoles que no han nacido en Cataluña pero que viven en una región que creíamos parte de España.