El intento de extorsión del Gobierno al Grupo Prisa, del que hemos dado cuenta extensamente en Libertad Digital, es solo uno de los aspectos de un plan mucho más amplio para poner los medios de comunicación al servicio del sanchismo. Las vergonzosas gestiones de Óscar Puente, tratando de amedrentar al gigante de la comunicación Vivendi, no son un escándalo aislado sino que, como todo lo que rodea a Sánchez, es la parte grotesca de un conjunto de acciones de profundo calado, más propias de una dictadura tercermundista que de un Gobierno democrático respetuoso son los derechos de los ciudadanos.
A Sánchez le estorban los medios de comunicación libres porque denuncian sus genuflexiones ante el separatismo, retratan sus aspiraciones autocráticas y difunden entre la opinión pública la enorme corrupción que le rodea. Por eso actúa como lo que es, un advenedizo de la política dispuesto a todo para mantenerse en el poder. La batería de iniciativas legales para amedrentar a los medios que no están al servicio de la izquierda es, como veremos, la respuesta de este tiranuelo para tapar la pavorosa corrupción protagonizada por su círculo más íntimo e impedir la alternancia en el poder que caracteriza a los regímenes democráticos.
Cinco son las iniciativas legislativas que Moncloa va a tratar de sacar adelante este 2025 para socavar el derecho legítimo de los ciudadanos españoles a ser informados y amedrentar a los medios que no se plieguen a los deseos del Ejecutivo, especialmente en el entorno digital. Así, Sánchez pretende introducir reformas profundas en el derecho al honor y a la rectificación, para otorgar más poder coercitivo a la Administración (o sea, al Gobierno) en detrimento de la tutela judicial de este tipo de demandas, como ocurre en la actualidad.
El amedrentamiento de los medios adquirirá carta de naturaleza con otras dos nuevas iniciativas gubernamentales. Por un lado se otorgará poder discrecional al Gobierno en el reparto de la publicidad institucional y, por otro, se establecerán multas millonarias para los medios que no garanticen la independencia de su línea editorial según lo interprete la banda de Sánchez, lo que otorga carta blanca al Ejecutivo socialcomunista para perseguir a la prensa y los periodistas que ejercen su derecho a informar en libertad.
La modificación del régimen jurídico de la información clasificada es, finalmente, la última de estas iniciativas legales con las que Sánchez tratará de tapar los escándalos que rodean a su familia y su círculo político más cercano, aduciendo la necesidad de preservar los secretos de estado y su intimidad familiar.
La Telepedro que los sanchistas han tratado de poner en marcha utilizando al Grupo Prisa por la puerta de atrás no es, como vemos, lo único que debe preocupar a los ciudadanos españoles y a los partidos de la oposición. Estamos ante una ofensiva brutal contra el derecho de información recogido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna, que Sánchez va a tratar de sacar adelante en el parlamento a lo largo de este año. Las reformas autoritarias que Moncloa pretende aprobar estos próximos meses han de ser denunciadas ante todas las instancias oficiales, nacionales e internacionales y, sobre todo, servir de elemento de movilización de la opinión pública a través de la acción coordinada de PP y Vox, los dos partidos que, en estos momentos, constituyen la única oposición política al sanchismo.