María Jesús Montero, vicepresidente de Sánchez y ministra de Hacienda, ha escrito una de las páginas más abyectas de la historia del PSOE atacando el núcleo del sistema de derechos fundamentales: "Es una vergüenza que se diga que la presunción de inocencia está por delante del testimonio de mujeres jóvenes". Afortunadamente, en un Estado de derecho como España, la presunción de inocencia sigue siendo un pilar fundamental, aunque a veces parezca tambalearse bajo el peso de altavoces mediáticos y políticos que prefieren el linchamiento paralelo al rigor judicial. Este principio, que no debería necesitar recordatorio tras cincuenta años de democracia, parece haber sido olvidado por figuras como María Jesús Montero (ministra de Hacienda) e Irene Montero (exministra de Igualdad), quienes, desde una óptica socialista y populista, han dado muestras de desprecio hacia este cimiento de la democracia. Irene Montero ha empleado una falacia ad hominem contra los jueces, incluida las jueces progresistas del tribunal, que han absuelto a Alves, acusándoles de ser un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal que desprotege a las mujeres. Aunque es Irene Montero la que desprotege a las mujeres y a los hombres socavando un derecho fundamental que nos ampara a todos sea cual sea nuestra religión, raza o, claro, sexo.
En un Estado de derecho uno no tiene por qué estar de acuerdo con según qué sentencias judiciales, como la de Dani Alves. Pero discrepar no equivale a dinamitar las bases del sistema.
La presunción de inocencia no es un lujo ni un capricho: es un derecho fundamental. Toda persona acusada de un delito debe ser considerada inocente hasta que se demuestre lo contrario más allá de toda duda razonable. In dubio pro reo, aunque las socialistas citadas conocerán del latín más o menos como Carmen Calvo, que creyó que "dixit" era el primo del ratón Pixie. La carga de la prueba recae en la acusación, no en el acusado, y la culpabilidad solo puede declararse tras un juicio basado en pruebas legales, regido por los principios de contradicción, igualdad, publicidad, oralidad e inmediación. Así lo establece nuestra tradición jurídica, y así lo defienden magistrados como Concha Roig, portavoz de Jueces y Juezas para la Democracia, que entienden que vulnerar este principio tiene consecuencias devastadoras: condenas a inocentes, linchamientos públicos y la erosión del Estado de derecho.
Sin embargo, hay quienes parecen no entenderlo —o no querer entenderlo—. Las políticas socialistas citadas, en la tradición antiliberal y antidemocrática de la izquierda, envueltas en un victimismo de corte populista, han contribuido a un fenómeno alarmante: el descrédito de la presunción de inocencia bajo la bandera del feminismo radical de género. Lejos de avanzar en la igualdad, estas socialistas han arrastrado el nombre del feminismo hacia un terreno pantanoso, donde la ideología de género se mezcla con actitudes que, en el fondo, destilan un autoritarismo rayano en el fascismo. Porque, ¿qué hay más fascista que condenar sin pruebas, que señalar como culpable por decreto a alguien al que se reduce a chivo expiatorio?
Es un milagro que España aún conserve un Estado de derecho con la banda de delincuentes políticos que, bajo el mando de Pedro Sánchez, están más interesados en el poder que en la justicia. Y es increíble cómo estas mujeres, con María Jesús Montero a la cabeza, convierten un movimiento noble como el feminismo en una caricatura ideológica que amenaza los principios democráticos.
La presunción de inocencia no es negociable, por mucho que les pese a quienes prefieren el titular fácil o la turba enfurecida al rigor del proceso judicial. Que tomen nota, porque el daño que hacen no solo afecta a los acusados, sino a la propia esencia de la democracia que dicen defender. Y aquí radica el problema de fondo: lo que subyace a estas declaraciones —como las de Montero 1 sobre el testimonio de las mujeres o las de Montero 2 contra los jueces— es la sustitución de sólidos conocimientos en lógica y epistemología por una formación ideológica y sectaria. La cuestión de establecer la verosimilitud en casos como el de Dani Alves exige un razonamiento jurídico complejo y sutil, algo que escapa a las mentes simplistas y retorcidas de las Montero, hermanas gemelas como lo son la idiocia y la vileza. Si los jueces han dedicado históricamente demasiado tiempo a memorizar normas en lugar de perfeccionar métodos de análisis racional, ahora los socialistas van más allá: intentan impregnar la justicia con adoctrinamiento, demagogia, falacias, sensacionalismo y empatía de baratillo. Así, paso a paso, reemplazan un régimen liberal y racional por un sistema no solo antiliberal, sino irracional. Lo vemos aquí con el sanchismo y al otro lado del Atlántico con el trumpismo, con Trump cargando contra los jueces que ejercen de contrapeso de sus órdenes ejecutivas: la cara y la cruz de un mismo paradigma, el trumpchismo, donde la verdad y la justicia se sacrifican en el altar del poder.