Muchos lectores podrán recordar al entonces líder de la oposición, Pedro Sánchez, afirmar categóricamente en 2014 que "falta dinero para luchar contra la pobreza y la violencia de género y sobra el ministerio de Defensa". Muchos más lectores podrán recordar al presidente del gobierno afirmar, mucho más recientemente, que España no alcanzaría el 2% del PIB en gasto militar —compromiso con la OTAN que nuestro país debía haber cumplido en 2024— hasta el 2029.
Pues bien. Aprovechando la atención mediática que ha suscitado el fallecimiento del Papa Francisco, Pedro Sánchez acaba de anunciar un plan de inversiones en Defensa por un importe nada menos que de 10.471 millones de euros para llegar al objetivo del 2% del PIB este mismo año.
Para empezar, cabe señalar que esta inversión, por grande que sea, no alcanza el 2% del PIB a no ser que España ya haya destinado a Defensa un total de 22.600 millones durante el año 2024, una cifra que se hace pública por primera vez gracias a esta intervención.
Sin embargo, lo más característico de este anuncio circense, propio de un presidente de una república bananera, es que se hace, como bien ha sintetizado Alberto Nuñez Feijóo, sin acuerdo de Gobierno, sin el respaldo del parlamento y sin tener el Gobierno aprobados los presupuestos. Así, la ministra de Trabajo y líder de Sumar, Yolanda Díaz, ha vuelto a dejar de manifiesto su rotunda oposición a esta inversión en Defensa por considerarlo "exorbitado", oposición que no es menor en los socios separatistas del gobierno. Sanchez ha esquivado esta cuestión, así como el de la falta de presupuestos, limitándose a afirmar que "no se recortará el gasto social ni se subirán los impuestos". Así las cosas, el Ejecutivo, además de burlar el parlamento —sede de la soberanía nacional—, se dispone a comprometer la recaudación fiscal de legislaturas venideras elevando el ya de por si desorbitado nivel de endeudamiento público de nuestro país.
Entiéndasenos bien: España necesita, desde hace muchísimos años, mayor inversión en Defensa, necesidad mucho más perentoria desde que Donald Trump —harto de que los contribuyentes estadounidenses sostengan la mayor parte de los gastos de seguridad en Europa— haya amenazado con sacar a su país de la OTAN en caso de que los países europeos —con especial mención de España— no eleven su gasto militar. Esa necesidad, unida a las pulsiones expansionistas de Putin y a la amenaza que para nuestro país constituye las aspiraciones territoriales de Marruecos sobre Ceuta y Melilla unida a la "invasión" de inmigrantes ilegales procedentes de las costas africanas, requieren sin duda un mayor esfuerzo destinado a Defensa.
Ahora bien. Esa convicción debe ser unánimemente compartida en el seno del Gobierno, debe contar con un amplio apoyo del parlamento, debe plasmarse en unos presupuestos y debe basarse en una clara reorientación del gasto público. Y con ello queremos decir que, sin renunciar tampoco a unos servicios más eficientes en Sanidad, Educación y demás partidas irrenunciables del mal llamado Estado de Bienestar, se habrían de suprimir chiringuitos y ministerios, como los que dicen combatir la pobreza y la violencia de género, que no constituyen otra cosa que redes clientelares al servicio del gobierno. La lucha contra la violencia es cosa de la Justicia y de la policía y no de estos organismos superfluos que vampirizan al contribuyente español. Otro tanto se podría decir de la pobreza, contra la que se debe luchar liberalizando la economía, bajando impuestos y favoreciendo la creación de empresas y puestos de trabajo y no sosteniendo organismos públicos que no la erradican, sino que la subvencionan.
Nada de esto tiene el Gobierno en su haber, por lo que no debería tener otra salida democrática que convocar elecciones. Sánchez no lo hará, por lo que su anuncio quedará reducido a un brindis al sol, a una monumental tomadura de pelo de sus socios de gobierno, de los ciudadanos españoles y hasta de los aliados de la OTAN. Y si no, al tiempo.