A pesar de la monumental presión —no exenta de veladas amenazas— que Pedro Sánchez, personalmente, y su gobierno han ejercido sobre nuestros socios comunitarios para que votaran favorablemente a la inclusión del catalán y, en consecuencia, del esukera y del gallego como lenguas oficiales en la UE, los 27 han decidido aplazar este martes la votación ante las dudas legales, financieras y políticas que ha despertado entre los representantes de varios países esta disparata exigencia del golpista prófugo Carles Puigdemont al Ejecutivo español.
Ya resulta vergonzoso que, con una guerra a las puertas de la UE como la que asola a Ucrania o con una política arancelaria que tanto afecta a los europeos como la de Trump, el gobierno de Sánchez no tenga otra cosa que llevar al Consejo de Asuntos Generales de la UE que esta exigencia de los separatistas; una exigencia que tendría un coste para todos los españoles de más de 132 millones de euros al haberse ofrecido el Gobierno español a sufragar su coste cuando, en el caso de las lenguas oficiales de los Estados miembros, lo sufraga la propia UE.
Es más. Con las cosas que España tiene que negociar en la UE relacionadas con la agricultura, el comercio o la energía, que la prioridad de nuestro cuerpo diplomático tenga que ser, como el ministro de Exteriores Albares ha manifestado sin rubor ante nuestros embajadores, el reconocimiento de nuestras lenguas regionales como lenguas oficiales de la Unión Europea, es un autentico disparate. Más aun cuando esas lenguas regionales no son cooficiales en el Estado español, por mucho que Albares mienta reiteradamente al respecto para maquillar el despropósito. Así, el articulo 3 de la Constitución es muy claro al señalar que el castellano -única lengua común de todos los españoles- es la única lengua oficial del Estado, siendo las demás lenguas españolas cooficiales únicamente "en las respectivas Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos".
Con todo, que nadie cante victoria ante este revés que la UE le ha propinado a Sánchez y a Puigdemont: Se trata tan solo de un aplazamiento de la votación, habida cuenta de la falta de la unanimidad que requiere la modificación del Reglamento del Régimen Lingüístico de la Unión Europea. Sánchez, espoleado por el chantaje de Puigdemont, va a seguir presionando y ofreciendo contraprestaciones a nuestros socios comunitarios con tal de conservar la poltrona.
Ante este panorama, PP y Vox no sólo no deben cejar sino intensificar sus contactos para impedir que estos despilfarradores y cainitas delirios identitarios de los separatistas lleguen a tener reflejo en la UE. Y no sólo haciendo campaña en Europa sino también haciendo pedagogía ante los españoles. Eso, sin olvidar un claro compromiso de ambos partidos de eliminar el uso de traductores en el Senado y en el Congreso de nuestro país y el esperpéntico e insultante espectáculo de ver cómo diputados y senadores españoles eluden la única lengua oficial del Estado, única lengua que todos ellos conocen, para comunicarse entre sí.
Lejos de acomplejarse ante los nacionalistas, como sucedió con un Rajoy que, con mayoría absoluta, siguió manteniendo los traductores de lenguas regionales en el Senado, Feijóo debe dar muestras inequívocas a los españoles de que, en este asunto, lo tiene tan claro como Abascal. En caso contrario, la victoria que hoy se puede apuntar el sentido común, se tornará mañana en derrota.