El escándalo provocado por la existencia de una trama para desacreditar a la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), encargada de las investigaciones judiciales sobre la mujer y el hermano de Pedro Sánchez, el Fiscal General del Estado y el caso Koldo, no hace más que aumentar: Si El Confidencial desvelaba el lunes que "la fontanera de Ferraz", María Leire Díez, se habría reunido con un investigado por la Audiencia Nacional para pedirle información comprometedora sobre Antonio Balas, el Teniente Coronel de la Guardia Civil responsable de estas investigaciones, a cambio de un acuerdo con la Abogacía del Estado y la Fiscalía, este miércoles el diario El Mundo informaba que la socialista también se reunió con un comandante imputado en el caso Koldo al que ofreció protección judicial y hasta un ascenso en la Dirección General de la Guardia Civil, también a cambio de información perjudicial contra los responsables de la UCO.
Ante el escándalo y el aluvión de cargos del propio PSOE que han pedido explicaciones por este asunto –Page lo ha comparado con "los martillazos de ordenadores de Genova"—, Ferraz ha cambiado de estrategia y ha pasado de poner en cuestión las informaciones contra Leire y descartar tomar medidas contra ella a abrirle un expediente informativo y tratarla como una simple y desconocida militante de base del PSOE con un afán de notoriedad similar al del "pequeño Nicolás".
Ni que decir tiene que esta argucia de Ferraz no tiene recorrido. Y por varios motivos: para empezar, si fuese cierto que Leire actuaba por libre y falsamente en nombre del Gobierno, ¿por qué no fue el propio PSOE, en lugar de la tantas veces vilipendiada por los socialistas Manos Limpias, la que presentó la denuncia contra ella?
En segundo lugar, ¿cómo cabe aceptar la versión de Ferraz de que Leire es poco más que una desconocida militante socialista de base, cuando, además de haber sido ex teniente de alcalde y secretaria general del PSOE en Vega de Pas (Cantabria), Leyre fue enchufada en dos empresas públicas dependientes del Gobierno en las que tenía cargos de libre designación –ENUSA y Correos–, en cuyos organigramas no suele figurar nadie que no cuente con el beneplácito de Sánchez?
Por otra parte, ¿cómo va una simple militante del PSOE a ofrecer beneficios de conformidad, indultos o rebajas de pena gracias a su línea directa con la Fiscalía o con la Abogacía del Estado, instituciones ambas directamente dependientes del presidente del Gobierno? Hasta el propio Page ha reconocido que "los videos publicados señalan que Leire Diez hablaba en nombre de cargos del gobierno".
¿Es verosímil que una simple militante del PSOE disponga y ofrezca a varios medios de comunicación un video de índole sexual contra el fiscal anticorrupción, José Grinda, tantas veces criticado por el PSOE por sus investigaciones contra Carles Puigdemont?
Por otra parte, si Leire Díez no actuaba contra la UCO con el conocimiento del Gobierno y no hay, por tanto, riesgo de que tire de la manta, ¿por qué el PSOE no la ha expulsado fulminantemente del partido?
Finalmente, ¿cómo no creer que el gobierno del PSOE sea capaz de impulsar esta "guerra sucia" y clandestina contra la Guardia Civil, cuando los máximos representantes de este Ejecutivo han sido capaces de orquestar y protagonizar públicamente campañas de descrédito contra los jueces que están investigando la corrupción del PSOE? Recuérdese, en este sentido, que el Consejo General del Poder Judicial ha tenido este mismo martes que hacer una declaración en defensa de la juez Biedma tras los ataques que ha recibido del Gobierno por llevar a juicio al hermano del presidente del Gobierno.
Así las cosas, si tenemos presente aquello a lo que este gobierno se atreve a hacer a la vista de todos, cabe preguntarse a qué no se atraverá a hacer de forma clandestina y a traves de "fontaneros". Lo que es innegable es que este colosal escándalo causado por las cloacas del PSOE contra los jueces y agentes de la guardia civil que investigan la corrupción de este gobierno no ha hecho más que empezar.